Informe
La bitácora de la guerra:
la base oculta_
Durante años, el Gobierno federal mexicano ha mantenido una base de datos sobre la violencia vinculada a la delincuencia organizada; una base que ha insistido en conservar oculta. El 29 de septiembre de 2022 el colectivo Guacamaya hizo públicos más de cuatro millones de correos electrónicos almacenados en los servidores de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA). Entre los correos filtrados encontramos esta base oculta, así como evidencia de quién la conforma y usa. En este informe reconstruimos el origen de esta base y explicamos lo que contiene.
La base de datos a la que nos referimos se hizo pública por primera (y única) vez en la página de la oficina de Presidencia a inicios del 2011, durante el sexenio de Felipe Calderón, pero dejó de estar disponible en septiembre del mismo año. Esa versión de la base, a la que llamamos Base Presidencia, contenía información sobre defunciones presuntamente vinculadas con la delincuencia organizada ocurridas entre 2006 y 2010, en el contexto de lo que hoy se conoce como la “guerra contra el narcotráfico” declarada por Calderón al empezar su gobierno.
A inicios de la administración de Enrique Peña Nieto, el Programa de Política de Drogas del CIDE (CIDE-PPD) recibió, mediante una filtración, la versión privada de la Base Presidencia que hizo pública después de un proceso de validación y anonimización. Esta base (en adelante, la Base CIDE-PPD) usaba muchas de las mismas categorías que la Base Presidencia1. Por ejemplo: incluía información sobre eventos denominados "muertes por ejecución", "enfrentamientos" y "agresiones contra la autoridad". También coincidían de manera casi exacta en sus tendencias nacionales con relación a los homicidios. La Base CIDE-PPD, sin embargo, contenía más información: concretamente, casi un año más de datos (correspondientes al 2011).
A partir de la publicación del informe del CIDE-PPD “La ‘Guerra contra las drogas’ en México: registros (oficiales) de eventos durante el periodo de diciembre 2006 a noviembre de 2011” en 2016, varias organizaciones, incluyendo Data Cívica, Intersecta y el mismo CIDE-PPD, hemos pedido, a través de solicitudes de acceso a la información a la oficina de Presidencia, la publicación de la continuación de la base de datos citada. Sin embargo, no hemos tenido éxito. Las respuestas han sido todas negativas, argumentando que “no se ha localizado evidencia documental que atienda los requerimientos”.2
Entre los millones de correos que publicó el colectivo “Guacamaya”, estaban algunos en los que el Titular del Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia (CENAPI), órgano desconcentrado de la Fiscalía General de la República (FGR), comparte con enlaces de otras instituciones de seguridad ––entre ellas la Sedena, la Semar, la ahora extinta Policía Federal Ministerial, el Centro Nacional de Inteligencia, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana–– una base de datos sobre lo que el Estado considera que son muertes vinculadas a la delincuencia organizada. Al explorar esta base de datos, llamada por el CENAPI “Base Sexenal del Grupo de Contacto de Alto Nivel para la Atención de la Delincuencia Organizada (CANDADO)”, encontramos similitudes importantes que parecen indicar que esta es en realidad la continuación de la Base Presidencia, misma que, durante años, el Estado argumentó que no existía.
A partir de estos correos sabemos que la información no solamente sí existe, sino que se recopila y actualiza de forma constante, que se ha mantenido incluso pese a los cambios de gobierno y se sigue usando en el actual sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, el Estado ha insistido en no publicarla y en ocultar su existencia. De ahí que en adelante nos refiramos a esta base como “la base oculta”.
La base oculta, actualizada semanalmente, contiene información relacionada con cifras relativas a “homicidios presuntamente vinculados a la delincuencia organizada”. En el cuerpo del correo en el que se envía la base, el CENAPI presenta información sobre el número total de eventos y víctimas de cada semana con desagregación geográfica y hace una comparativa con los eventos de la semana anterior.
A pesar de que en una conferencia de prensa el 30 de enero del 2019 el actual presidente Andrés Manuel López Obrador declaró “el fin de la guerra contra el narcotráfico”, lo que deja ver la base oculta es que la lógica de la guerra sigue presente. La base oculta contiene información sobre agresiones, enfrentamientos y ejecuciones de 2017 a 2020, conceptos similares utilizados durante el sexenio de Felipe Calderón y, ahora sabemos, en las administraciones de Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador.
Al igual que el CIDE-PPD en su momento, consideramos que la información que contiene la base oculta es públicamente relevante, por lo que la hacemos pública con el fin de que pueda ser utilizada por quienes busquen investigar la continuación de la política del combate contra la delincuencia organizada de 2017 a 2020.
La base oculta que hacemos pública desde Data Cívica e Intersecta contiene información anonimizada, relativa al periodo de 2017 a 2020, sobre eventos violentos presuntamente vinculados a la delincuencia organizada en donde hubo personas fallecidas y/o heridas o bien “fuego cruzado”. La base oculta es una base de datos que recopila información a partir de las víctimas, es decir, cada renglón corresponde a una víctima. Sin embargo, en la base oculta publicada en este micrositio está a nivel evento y a nivel víctima, porque en la base original notamos inconsistencias en el registro de las víctimas. Para solventar estas irregularidades agrupamos y contamos a las personas fallecidas, detenidas y heridas en cada evento y hacemos pública la base en unidad de análisis. Una segunda diferencia es que la base que publicamos está anonimizada, es decir, eliminamos todos los datos personales. Con esas dos excepciones la base que publicamos contiene la misma información que la contenida en los correos de la SEDENA.
La relevancia de la publicación de esta base está en la posibilidad de investigar —a partir de información que recaba el propio Estado— la continuación de la estrategia de la “guerra contra el narcotráfico”, en el contexto de un gobierno que niega la existencia de la guerra y en el que las Fuerzas Armadas actúan con opacidad. Esta información es de interés público porque revela lo que el Estado cuenta3 como parte de la guerra, con todo y sus sesgos. Nos ayuda a entender la mirada del Estado respecto a quienes considera sus “enemigos”, la letalidad de las estrategias empleadas en el combate a la delincuencia organizada, así como la categorización de las víctimas de la guerra.
Lo que encontrarán en este informe es un acercamiento para entender, desde las entrañas de la SEDENA, la perspectiva que tiene el Estado de la guerra en México, incluyendo sus sesgos y negligencias.
16 años contando la guerra
La base de datos que publicamos en este micrositio es solo una parte de los registros de eventos y homicidios presuntamente vinculados a la delincuencia organizada que se han mantenido durante tres gobiernos distintos. Aunque durante dos administraciones la base de datos se mantuvo oculta, hay suficientes indicios para pensar que es la continuación de un registro iniciado en diciembre de 2006 y que sólo se hizo público una vez, en 2011.
La Oficina de la Presidencia del gobierno de Felipe Calderón publicó la “Base de datos de fallecimientos ocurridos por presunta rivalidad delincuencial” en enero de 2011, la cual llamamos en este informe “Base Presidencia (BP)”. Ésta contenía información desde diciembre de 2006 a diciembre de 2010. Dicha base se publicó en el portal de Presidencia como consecuencia de un compromiso adoptado por Felipe Calderón en los Diálogos por la Seguridad al inicio de su sexenio, donde se comprometía a hacer pública la información relacionada con su estrategia de seguridad.4
Sin embargo, poco tiempo después, esa base fue retirada del portal de Presidencia, posiblemente debido a múltiples críticas que recibió la entonces PGR, ya que solo en el 4.4% de los homicidios presuntamente vinculados a la delincuencia organizada registrados en la Base Presidencia se había abierto una carpeta de investigación. La base publicada por Calderón en 2011 fue el primer antecedente que conocemos de un registro por parte del Estado para contabilizar las muertes vinculadas a la delincuencia organizada y a la estrategia para resolver esta problemática.
Pensamos que la “Base Presidencia” y la “Base Sexenal del Grupo CANDADO” son dos actualizaciones distintas del mismo registro. Ambas bases tienen explícitamente el objetivo de medir los eventos y muertes presuntamente vinculadas con la delincuencia organizada. La Base Presidencia tiene “la finalidad de dar seguimiento al fenómeno de la violencia ocurrida en el contexto de la rivalidad entre las organizaciones criminales, principalmente dedicadas al tráfico de drogas, [y] se instruyó a las dependendencias del Gobierno Federal con competencia en la materia, desarrollar un registro sistematizado y confiable de los homicidios generados en este contexto”. Además, ambas bases son integradas por el CENAPI, y el lenguaje utilizado y las variables que aparecen en ambas bases son similares, por ejemplo, en la variable “modalidad” que busca clasificar a los eventos. Es decir, pensamos que se trata del mismo registro, pero en momentos diferentes del tiempo. Aunque pudo haber habido cambios metodológicos en la forma de registrar los eventos en estos 16 años, no sabemos con certeza cómo ha cambiado esta metodología porque el Estado insiste en negar este registro.
Otro antecedente de la existencia de esta base de datos secreta son las tres bases de datos que recibió anónimamente el Programa de Política de Drogas (PPD) del CIDE a inicios del gobierno de Enrique Peña Nieto. Las bases de datos incluían registros de eventos violentos que tuvieron lugar durante el sexenio de Felipe Calderón: la primera base llevaba como título “agresiones”, la segunda “enfrentamientos” y la tercera “ejecuciones”. Las mismas categorías utilizadas en la “Base de datos de fallecimientos ocurridos por presunta rivalidad delincuencial”.
Las personas investigadoras del PPD-CIDE validaron los datos de las bases que recibieron de manera anónima para comprobar que se trataba de la misma base que había publicado Calderón en 2011. La diferencia más importante entre ambas era el periodo, ya que las bases que recibió el PPD-CIDE incluía 11 meses más, pues llegaba hasta noviembre de 2011.
Por otro lado, posteriormente ha habido publicaciones oficiales del Estado en donde se muestran datos sobre “los homicidios dolosos vinculados a la delincuencia organizada”, como el Boletín/026/13 de la Secretaría de Gobernación con “datos preliminares sobre indicadores en materia de seguridad” del periodo del 1 al 31 de enero de 2013, que se publicó el 8 de febrero de 2013. En este boletín se presentan datos sobre homicidios dolosos vinculados a la delincuencia organizada ya sea de “presuntos delincuentes abatidos”, como de “servidores públicos caídos en el cumplimiento de su deber” y personas “presumiblemente ajenas a los hechos”. Sobre la fuente de estos datos, el Boletín solo menciona que se trata de “datos preliminares sobre indicadores en materia de seguridad elaborados por el Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia (CENAPI), a partir de la información reportada por esta misma dependencia y las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina, así como por la Policía Federal”, si bien no dice claramente cuál es la fuente de los datos, por la descripción pensamos que se trata del mismo registro que el de la Base Presidencia.
Lo anterior sugiere que el Estado siguió registrando los homicidios presuntamente vinculados a la delincuencia organizada después de 2011 cuando quitó del portal la Base Presidencia. Sin embargo, nunca volvió a hacer pública esta información y en cambio, ha insistido en negar la existencia de ese registro.
Por ejemplo, en dos solicitudes de información, una dirigida a la FGR (CENAPI es parte de la FGR) y la otra a la Sedena en 2020, en donde a ambas se les pidió proporcionar información sobre el número de homicidios vinculados a la delincuencia organizada del 1 de diciembre de 2018 al 30 de junio del 2020, la Sedena respondió que “después de haber realizado una exhaustiva búsqueda de información en el estado mayor de la defensa nacional, no se localizó evidencia documental que atienda los requerimientos”. Y antes sugirió mandar la misma petición a la FGR “...La información a que hacen referencia sus cuestionamientos es validada por el Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia (CENAPI) dependiente de la Fiscalía General de la República; con fundamento en los artículos 61 fracción III y 130 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; se le sugiere canalizar su solicitud a la Unidad de Transparencia de la citada dependencia, a fin de que se le proporcione la respuesta correspondiente a sus requerimientos”. Pero cuando se le pidió a la FGR la misma información, esta dependencia solo respondió que “...derivado de la búsqueda exhaustiva realizada, se informa que no se localizaron coincidencias de lo solicitado en los términos exactos y/o precisos en los que fue requerido”5.
Figura 1. Solicitud de información a la SEDENA No. de folio 0000700193920 realizada el 30 de julio de 2020.
No obstante, en intervenciones públicas el Secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, ha ofrecido datos del número de homicidios presuntamente vinculados a la delincuencia organizada. Por ejemplo, en la conferencia de prensa matutina del 14 de octubre de 2019, mencionó que “hay 148, 392 fallecidos vinculados a delincuencia organizada”, mientras mostraba una gráfica que empieza en diciembre de 2006, mismo año en que sabemos que comienza la “Base de datos de fallecimientos ocurridos por presunta rivalidad delincuencial”6.
Imagen 1. Secretario de la Defensa en una conferencia matutina mostrando algunos resultados de la base del Grupo Candado
Por lo anterior, tenemos razones para pensar que el Estado cuenta con 16 años de registros de eventos violentos y homicidios presuntamente vinculados a la delincuencia organizada. Ese es el único registro oficial que existe en nuestro país sobre los asesinatos y la violencia extrema que se da durante el “combate” contra el crimen organizado. Dado que esta información es indispensable para entender las consecuencias de la estrategia de seguridad que ha dominado en México por lo menos en los últimos 20 años, exigimos que ese registro sea público.
La base que oculta el Grupo CANDADO
En el correo filtrado por el colectivo Guacamaya en el que el CENAPI habla de la Base Sexenal del Grupo de Contacto de Alto Nivel para la Atención de la Delincuencia Organizada (CANDADO) ––en adelante, Base Sexenal del Grupo CANDADO––, menciona que se trata de cifras relativas a “Homicidios Presuntamente Vinculados con la Delincuencia Organizada” y en el cuerpo del correo se presenta el número total de eventos y víctimas de la semana, así como el incremento o decremento con respecto a la semana anterior, y los estados y municipios con mayor cantidad de víctimas durante la semana de corte. Al final del correo se recuerda a los remitentes7 –– diferentes organizaciones de seguridad del Estado–– que “la información contenida en el correo es de carácter reservado y confidencial”.
Figura 2. Ejemplo de correo enviado por la Oficina del Titular del CENAPI a los enlaces del Grupo CANDADO
La información pública acerca del Grupo CANDADO es casi inexistente. Lo que sabemos es resultado de la filtración de los correos de la SEDENA. En uno de estos se menciona que el Grupo CANDADO es un grupo interinstitucional que tiene como objetivo “generar un registro e integrar una base de datos confiable y segura de homicidios vinculados a la delincuencia organizada”8.
En ese mismo correo se menciona que el Grupo CANDADO tiene como antecedente el Grupo de Coordinación de Crimen Organizado creado en 2008 e integrado por la SEDENA, la SEMAR, la entonces PGR y la SSPC. Además, se explica que el CENAPI es la instancia concentradora y administradora de la información que genera el Grupo en su carácter de Secretario Técnico, y que la Guardia Nacional participa a través de la Dirección General Antidrogas.
En la minuta de una reunión del Grupo CANDADO ocurrida en noviembre de 20209 se enlista como asistentes a funcionarios de las siguientes instituciones: la Sedena, la Semar, la Policía Federal Ministerial (PFM), la extinta Policía Federal (PF), el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), la Guardia Nacional (GN), la Unidad de Planeación y Evaluación Institucional (UPEI) de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y el CENAPI. Por tanto, entendemos que estas instituciones son las que conforman el Grupo CANDADO.
¿Cómo se construye la base oculta?
Dada la opacidad de la base oculta no sabemos exactamente cuáles son todos los eslabones del proceso y el flujo de información para la construcción de la “Base Sexenal del Grupo CANDADO”. Sin embargo, la información contenida en los correos y lo poco que hay publicado al respecto permite reconstruir algunas cuestiones10.
Las instituciones que conforman el Grupo CANDADO recopilan y envían información al CENAPI sobre los eventos y homicidios presuntamente vinculados a la delincuencia organizada, “cada integrante del grupo aporta información fidedigna y confiable de sus despliegues estatales que se encuentra relacionada con muertes y eventos de enfrentamiento o agresión que ocurrieron, presumiblemente, en el contexto de la rivalidad entre grupos delincuenciales”11.
Para enviar la información al CENAPI los integrantes del Grupo “seleccionan” los eventos “vinculados a la delincuencia organizada”: “se confronta la información recopilada por los despliegues de las dependencias [aunque no se dice contra qué se confronta] y se verifica que reúna los criterios establecidos en la metodología”, que se refiere a la “Metodología de la Base de datos de fallecimientos ocurridos por presunta rivalidad delincuencial”, que a partir de ahora llamaremos Metodología de 2011. Los casos que dan lugar a dudas por presentar lagunas de información o no reunir al menos tres de los criterios establecidos en la metodología, se reservan en un apartado hasta que la información complementaria permita integrarlos a la base de datos o desecharlos”. Más adelante expondremos cuáles son los criterios de selección que estableció el Grupo CANDADO.
Posteriormente, el CENAPI, como instancia concentradora y administradora, integra la información que le envían las instituciones del Grupo en una base de datos única. “Todas las dependencias del Grupo le mandan su información capturada en los formatos establecidos. El proceso de captura es sistemático y cuenta con procesos de validación”.
En el siguiente paso, el CENAPI puede recibir información complementaria de las dependencias del Grupo, “las coteja para evitar duplicidades de casos [dentro de la misma Base Sexenal del Grupo CANDADO], adiciona información a registros existentes y descarta casos que no tienen relación [con] el contexto que se estudia”. La Metodología de 2011 especifica que “la información es susceptible a cambios y ajustes, y no es posible tener versiones definitivas de la base de datos sino después de un periodo considerable”.
El CENAPI también está encargado de realizar reuniones con los “enlaces del Grupo CANDADO” para “consolidar” las cifras de los eventos y homicidios presuntamente vinculados a la delincuencia organizada. La consolidación es la inclusión o exclusión de eventos de periodos anteriores que, con base en nuevos elementos de información, reúnen características para ser incorporados o excluidos de la base.
Finalmente, el CENAPI “consolida las bases con la información aportada durante la reunión, asigna un número de folio para cada registro y envía a las dependencias las bases finales”.
Figura 3. Pasos para la construcción de la Base Sexenal del Grupo CANDADO
Fuente: Elaboración propia a partir del documento de “Metodología de la Base de datos de fallecimientos ocurridos por presunta rivalidad delincuencial” publicado en el portal de Presidencia en 2011.
En la Metodología de 2011 no se menciona que autoridades estatales o municipales intervengan en la construcción de la “Base Sexenal del Grupo CANDADO”.
Con la información que se hizo pública a partir de la filtración de correos por parte del colectivo Guacamaya, localizamos dos actualizaciones de la Base Sexenal del Grupo CANDADO que unimos en una sola base de datos a la que denominamos “base oculta”. La primera incluía información que va del 1 de enero de 2017 al 5 de agosto de 2018 y la segunda del 1 de diciembre de 2018 al 6 de diciembre de 2020. Juntas representan casi cuatro años de información.
Decidimos no publicar la Base Sexenal del Grupo CANDADO tal cual se obtuvo de la filtración de los correos debido a que incluía datos personales de las víctimas, por lo que construimos una versión anonimizada de la base. Esta base anonimizada es la que publicamos en el micrositio que también alberga este informe. En la versión anonimizada removimos de la descripción de los eventos todos los nombres, tanto de personas como de lugares, así como cualquier información que pudiera conformar un dato personal. Además, decidimos agrupar la base que publicamos al nivel del evento y no a nivel víctima, lo anterior porque en la base original notamos que las personas registradas por folio pueden ser víctimas fallecidas, heridas y detenidas, pero su registro en la base no es consistente. Por ejemplo, cuando no hay personas fallecidas en el evento, se genera un folio de las personas heridas o detenidas, pero cuando hay víctimas mortales se registró a las personas heridas o detenidas en el mismo folio que las personas fallecidas. Por ello, decidimos reconfigurar la base y contar las personas fallecidas, detenidas y heridas por evento. Finalmente, incluimos todas las variables que consideramos de potencial interés público, siempre y cuando no contuvieran información sensible sobre las personas involucradas en los eventos. Fuera de eso, la base que publicamos contiene la misma información que la base oculta encontrada en la filtración de información de la SEDENA.
¿Qué información contiene la base oculta? El primer paso fue entender qué tipo de eventos incluye y qué tipo de eventos ignora. La base oculta incluye eventos violentos que la autoridad vincula con la delincuencia organizada. Por evento violento entendemos que son aquellos que tuvieron como consecuencia una persona fallecida o en el que hubo fuego cruzado. En la base se pueden registrar eventos que no dejaron ni heridos ni muertos, pero en donde hubo fuego cruzado. En total, la base oculta que publicamos contiene 58,183 eventos para un periodo de casi cuatro años entre 2017 y 2020.
Adicionalmente, la base oculta distingue entre distintos tipos de eventos usando una variable llamada “modalidad”. Esta variable asigna a cada evento una de cuatro categorías oficiales: “homicidios vinculados a la delincuencia organizada (HVDO)”, “agresiones directas”, “enfrentamientos”, y “agresiones por enfrentamiento”. Dada la falta de información, utilizaremos una vez más la Metodología de 2011 de la Base Presidencia12 para entender las categorías de la variable “modalidad” de la base oculta.
En la Base Presidencia existe la categoría: “muertes por ejecución”. Todo parece indicar que esta categoría es la misma que “homicidios vinculados a la delincuencia organizada (HVDO)” de la base oculta, que se define como: “homicidio doloso cuya víctima y/o victimario es presumiblemente miembro de algún grupo criminal. No es resultado de un enfrentamiento ni de una agresión, tal como se define en el presente documento. Tampoco presume la participación de autoridad alguna”.
Las víctimas de este tipo de evento deben presentar al menos dos de las siguiente características según la metodología publicada:
- La víctima presenta impactos de arma de fuego larga y/o corta de grueso calibre.
- La víctima presenta huellas de tortura y lesiones severas.
- Los restos de la víctima fueron hallados después de que fuera ejecutado [sic], ya sea en el lugar donde fue ultimado o en lugar distinto.
- Se observa que se emplearon materiales característicos de la forma en que operan los grupos delincuenciales como mordaza, cobijas, cinta adhesiva, etc.
- La víctima presenta relación con grupos delincuenciales [no se determina cómo identifican la relación con grupos delincuenciales].
- La víctima fue previamente privada de la libertad (levantón).
- La víctima falleció en emboscada o persecución.
- Se localizaron mensajes de grupos delincuenciales.
Lo anterior nos muestra a grandes rasgos lo que el Estado entiende por violencia letal relacionada con la “delincuencia organizada”. Como puede verse, casi sin excepción, la definición está relacionada con características presentes en los cuerpos de las víctimas.
Además, dicha metodología expone que en casos extraordinarios se considerarán también aquellos homicidios registrados dentro de centros penitenciarios en los que participen actores presuntamente vinculados a grupos delincuenciales.
Por otro lado, en la Base Presidencia un “enfrentamiento” está definido como “los actos esporádicos y aislados de violencia, comisión de delitos, perturbación de la paz social y el orden [...], que realizan los grupos u organizaciones criminales mediante el uso de armas de fuego y equipo militar”. Dichos enfrentamientos pueden ser “contra autoridades de cualquiera de los tres ámbitos de gobierno: federal, estatal y municipal” como “entre grupos delincuenciales por pugnas con otros grupos derivadas de traición, alianza de conveniencia, etc.” Sin embargo, en la base oculta, dada la descripción de los hechos realizada para cada evento, sostenemos que los “enfrentamientos” se refieren a “enfrentamientos” entre presuntos grupos de la delincuencia organizada sin que participen de manera oficial las autoridades de seguridad.
Algunas características de los “enfrentamientos”, según la Metodología de 2011, son los siguientes:
- Que los agresores sean por lo menos tres, o bien que empleen armas de uso exclusivo del ejército y de alto poder destructivo.
- Que los agresores se resistan a la autoridad violentamente, ya sea a través del uso de las armas o cualquier otro medio letal.
- Se genera un enfrentamiento cuando la autoridad responde a una agresión registrándose un intercambio sostenido de fuego.
Hay una modalidad de evento en la base oculta que no existía en la Base Presidencia: la “agresión por enfrentamiento”. En la base oculta existen dos tipos de enfrentamientos: los enfrentamientos entre autoridades y presuntos grupos de la delincuencia organizada registrados en las “agresiones por enfrentamiento” y los “enfrentamientos” que ocurren únicamente entre presuntos grupos de la delincuencia organizada.
Finalmente, la Base Presidencia tiene la categoría de “agresión contra la autoridad” la cual se define como sigue: “aquel ataque por parte de grupos delincuenciales en contra de autoridades de cualquiera de los tres órdenes de gobierno, sin que tenga posibilidades de responder”. Este tipo de evento debe cumplir las siguientes características:
- El ataque se realiza contra bienes propiedad del gobierno (federal, estatal y municipal).
- Contra bienes utilizados por las autoridades, puestos de revisión, convoy durante patrullajes de supervisión, disuasión y prevención, funcionarios uniformados y/o vehículos balizados.
- No se registra respuesta armada sostenida por parte de la autoridad.
- No se registra el uso de armas de fuego de grueso calibre, granadas o explosivos.
- Existen indicios que permiten establecer a los agresores como integrantes de grupos delictivos.
- Pueden ser uno o varios agresores y pueden suscitarse estos eventos como represalia a una acción de la autoridad.
Creemos que en la base oculta este tipo de eventos se denomina “agresiones directas”.
Tabla 1. Comparación entre las publicaciones del mismo registro sobre eventos y homicidios presuntamente vinculados a la delincuencia organizada y su combate
Fuente: Elaboración propia * El CIDE-PPD llamó Base Madre al conjunto de las tres bases de datos que recibieron anónimamente y Base CIDE-PPD a la información que hicieron pública, resultado del ejercicio sistemático de validación de la información original contenida en la Base Madre.
Por lo tanto, en lugar de replicar la narrativa oficial preservando la categorización de la variable “modalidad”, en este informe decidimos nombrar los eventos según las dos siguientes características:
- si en los eventos se reconoce la presencia formal de las autoridades o no13,
- si hubo fuego cruzado o no. Es decir, si hubo un intento de defensa de ambas partes, lo que podemos llamar enfrentamiento.
Combinando las dos categorías anteriores, tomando en cuenta estas dos características, adoptamos la siguiente nomenclatura de eventos:
- Homicidios de personas que no son autoridades.
- Enfrentamientos entre presuntos grupos de la delincuencia organizada.
- Encuentros entre presuntos grupos de la delincuencia organizada y autoridades donde no se registran disparos de la autoridad.
- Enfrentamientos entre presuntos grupos de la delincuencia organizada y autoridades donde se registran disparos de la autoridad.
La figura 4 muestra la composición de la base oculta según el tipo de evento. Solo en 9.3% de los 58,183 eventos se registró la participación de alguna autoridad. Por el contrario, casi el 90% de los eventos registrados son homicidios de personas que no son autoridades.
Figura 4. Composición de la Base Sexenal del Grupo CANDADO anonimizada que se publica en este micrositio según el tipo de evento
Fuente: Elaboración propia a partir de la Base Sexenal del Grupo CANDADO.
Contar las vidas perdidas por la presunta delincuencia organizada y su combate ha sido una tarea controversial desde el sexenio de Felipe Calderón. Tan controversial que la Base de la Presidencia14, creada para ese mismo objetivo, no fue pública por más de un sexenio. No obstante la falta de información, tener acceso a la base oculta sobre homicidios presuntamente vinculados a la delincuencia organizada, y a información limitada sobre su uso y su construcción, nos abre la oportunidad de entender qué es lo que el Estado busca “combatir” cuando habla de la “delincuencia organizada”, así como distinguir con más claridad a quiénes considera sus “enemigos”.
Contando las vidas perdidas por
la supuesta delincuencia organizada
Encontramos dos razones principales por las que se dejó de publicar la Base Presidencial, respaldadas por los mismos funcionarios públicos durante el sexenio de Calderón. En primer lugar, como se mencionó anteriormente, se dejó de publicar por las posibles implicaciones jurídicas de su clasificación15. El extitular del Centro de Información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Jaime López Aranda, sostuvo lo siguiente, a título personal, en una entrevista al diario Reforma: “esta base fue un muy buen experimento de transparencia, pero fue un experimento fallido. O sea, creo que el Estado mexicano no debe hacer la clasificación de muertos por delincuencia organizada porque desvirtúa profundamente el proceso penal”.
En segundo lugar, la base se ocultó por la falta de criterios claros para catalogar un homicidio como relacionado a la delincuencia organizada. En esa misma entrevista el exfuncionario López Aranda profundizó: “Pusieron los criterios y dijeron: ‘a ver, si usaron armas de fuego de alto calibre, si movieron el cuerpo, si lo amarraron, si hay huellas de tortura, si se cubren dos o más de estas (características) podrían ser como de crimen organizado’. Tenía sustento metodológico lo que se publicó, pero solamente era aproximación, como un decir ‘me late que este puede ser’ (homicidio por crimen organizado)”16.
Para categorizar un asesinato como un homicidio por la delincuencia organizada o por ejecución, clasificación que el mismo funcionario califica como “experimental”, se tenían que utilizar por lo menos dos de los siguientes criterios:
- La víctima presenta impactos de arma de fuego larga y/o corta de grueso calibre, y/o;
- La víctima presenta huellas de tortura y lesiones severas, y/o;
- Los restos de la víctima fueron hallados después de que fuera ejecutado, ya sea en el lugar donde fue ultimado o en lugar distinto y/o;
- Empleo de materiales característicos del modus operandi de los grupos delincuenciales como mordaza, cobijas, cinta adhesiva, etc., y/o;
- Circunstancias de los hechos
- La víctima fue previamente privada de la libertad (levantón)
- En emboscada o persecución
- Se localizaron mensajes de grupos delincuenciales
- En casos extraordinarios se considerarán aquellos homicidios registrados dentro de centros penitenciarios, en los que participen actores presuntamente vinculados a grupos delincuenciales17.
A partir del cese de la publicación, López Aranda sostuvo que la base de datos que usaría la entonces PGR sólo incluiría detalles sobre homicidios dolosos, porque las categorías de “ejecución”, de “homicidios relacionados con delincuencia organizada” o de “fallecimientos relacionados con presunta rivalidad delincuencial” no estaban tipificadas en ningún código penal. Pese a las aseveraciones del funcionario, sabemos que hasta por lo menos finales del 2020, ocho años después de la entrevista, el CENAPI seguía contando “homicidios vinculados a la delincuencia organizada” y tambien sabemos, como veremos en la siguiente sección, que estos no son equivalentes a los homicidios dolosos reportados por las instancias públicas18.
¿Cómo se diferencian los homicidios
que el Estado vincula a la delincuencia
organizada de los homicidios dolosos en México?
Según reportes que podemos encontrar de cuando la Base Presidencia todavía era pública, esta reportaba 34,612 personas asesinadas por la delincuencia organizada entre diciembre 2006 y diciembre 201019. Sabemos también que la Secretaría de Salud registró en el registro de Mortalidad 67,082 homicidios ocurridos en México en el mismo periodo. En ese sentido sabemos que para gran parte del sexenio de Felipe Calderón, según la Base Presidencia, los homicidios que el Estado le adjudicó a la delincuencia organizada representaron el 52% de los homicidios en México.
Desde que se dejó de publicar esta base se han dado esfuerzos por contabilizar los homicidios que son resultado del contexto de violencia relacionada a la delincuencia organizada. Entre ellos encontramos varios esfuerzos del sector privado y fuentes de noticias.
Reforma registra narcoejecuciones desde 200720. A pesar de que la metodología es privada, el reporte del Trans-Border Institute de la Universidad de San Diego describe que el registro de Reforma se conforma a partir de un grupo de corresponsales nacionales que monitorean y reportan el número de asesinatos supuestamente relacionados al narcotráfico en sus entidades21.
Figura 5: Cifras que contabilizan los homicidios resultado del contexto de violencia relacionada a la delincuencia organizada
Dada la menor capacidad de registro por parte del diario el Reforma comparada con el Estado mexicano, era de esperar que el primero contabilizara un menor número de asesinatos relacionados a la delincuencia organizada. Entre 2007 y 2010, Reforma reportó un total de 25,566 “narcoejecuciones”, lo que representa 37% del total de homicidios reportados por el INEGI (68,436) para el mismo periodo. Según Lantia Consultores, entre 2007 y 2010 existieron 34,543 víctimas del crimen organizado, un número bastante similar al reportado por la Base Presidencia. En caso de referirse a personas fallecidas por la delincuencia organizada23, Lantia Consultores le atribuiría a la misma un porcentaje similar de los homicidios en México para ese periodo.
La mención pública oficial más reciente de un conteo de homicidios por delincuencia organizada tuvo lugar en marzo del 2023, cuando Andrés Manuel López Obrador presentó en la mañanera una gráfica que reporta que el 68% de los homicidios en México son “homicidios vinculados a la delincuencia organizada”.24
¿Personas asesinadas por la presunta
delincuencia organizada o por la
delincuencia organizada y su combate?
Todas las cifras mencionadas en el apartado anterior se refieren a víctimas o ejecuciones que distintas instancias le adjudican a la delincuencia organizada. Si bien nos quedan dudas metodológicas sobre la base oculta, nos queda claro que esta no solo reporta las personas fallecidas que se le puede adjudicar a la delincuencia organizada, sino también aquellas que son asesinadas en el combate del Estado contra la delincuencia organizada. En el resto de este informe hablaremos de personas, no solo asesinadas por la delincuencia organizada, sino también asesinadas en su combate. De aquí en adelante nos referiremos ahora a la presunta delincuencia organizada y su combate (PDOC).
El cambio de solo hablar de delincuencia organizada a hablar de delincuencia organizada y su combate lo damos por tres razones.
En primer lugar, porque los homicidios que el Estado clasifica como “presuntamente vinculados a la delincuencia organizada” se dan como consecuencia de eventos que el mismo Estado relaciona con cuatro “modalidades”: “homicidio vinculado a la delincuencia organizada”, “enfrentamientos”, “agresiones directas” y “agresiones por enfrentamiento”25. Asimismo, la base oculta provee descripciones de los hechos que nos permiten dar cuenta de qué significa cada una de dichas modalidades 26.
A partir de la revisión manual de la descripción de los hechos intentamos caracterizar estos eventos. La tarea no fue sencilla. Para poner un ejemplo, muy pocas veces se aclara cómo un homicidio se vincula a la delincuencia organizada y por lo tanto por qué se clasifica como “homicidio vinculado a la delincuencia organizada” (HVDO). Como resultado, describimos cada una de las cuatro modalidades a partir de elementos comunes en las descripciones dentro de cada modalidad:
- Homicidio vinculado a la delincuencia organizada: homicidios de personas que no son autoridades.
- Enfrentamientos: enfrentamientos entre presuntos grupos de la delincuencia organizada.
- Agresiones directas: encuentros entre presuntos grupos de la delincuencia organizada y autoridades donde no se registran disparos de la autoridad.
- Agresiones por enfrentamiento: enfrentamientos entre presuntos grupos de la delincuencia organizada y autoridades donde se registran disparos de la autoridad.
Es decir, los fallecimientos que se reportan en la base oculta no son solo consecuencia de “pleitos de plaza” como los describe el presidente Andrés Manuel López Obrador 27. El mismo Estado lo reconoce en esta base al reportar fallecidos no solo por delincuencia organizada, sino por eventos que vinculan con supuestos grupos de la delincuencia organizada, esté presente o no la autoridad y haya habido o no disparos de su parte.
La segunda razón por la que no solo hablaremos de asesinatos por la presunta delincuencia organizada sino también por su combate es la falta de claridad con la que el Estado reporta su propio actuar en los eventos de la base oculta. A partir de una exploración manual de las descripciones de los hechos, notamos que el Estado ajusta parte del registro de los eventos para mostrarse a sí mismo como el agredido o para minimizar o negar su rol en los asesinatos reportados en la base. Ejemplo de ello es el caso de una supuesta “agresión por enfrentamiento” en Tamaulipas entre civiles y policías del Centro de Análisis, Inteligencia y Estudios de Tamaulipas (CAIET) en la que, según el documento denominado como “resumen de eventos relevantes” enviado al Secretario Sandoval el día 6 de septiembre de 2019, fallecieron nueve personas del lado de los supuestos atacantes, identificados como “Tropa del Infierno”. La narrativa en ese documento fue concluyente: la policía actuó conforme a su deber y en defensa propia. Es más, a los fallecidos les fueron encontradas armas largas, droga, chalecos con la leyenda “Cártel del Noreste”, y la camioneta donde se efectuó el ataque tenía un reporte de robo.
No obstante, esta descripción no coincidía con la descripción de los hechos registrada la base oculta. En ella, el ataque provenía de más de una camioneta y también de una vivienda. El número de fallecidos bajó a ocho y sólo se incluyeron los datos de identificación de cinco de ellos. No fue sino hasta días después que la asociación civil Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo hizo públicas una serie de fotos en donde se mostraban cuerpos acomodados en lo que parecía ser un montaje. En primer lugar, la camioneta involucrada había sido movida de lugar y en el lugar del conductor se encontraba un cuerpo con un arma larga. Los uniformes que portaban los asesinados y que habían sido reportados en los informes oficiales estaban limpios y en algunos casos les quedaban demasiado grandes o llevaban los zapatos al revés28. Esta discrepancia en la información registrada deja muchas dudas respecto a cómo sucedió el altercado.
De acuerdo con la hija de uno de los asesinados —Severiano Treviño, de 34 años, trabajador de una empresa refresquera y quien vivía en la casa del supuesto ataque— más de 20 policías armados entraron al lugar de forma violenta exigiendo entregar las armas que, según ellos, él tenía en su poder. Finalmente, lo obligaron a ponerse un traje militar y después lo asesinaron. Lo mismo ocurrió con otros jóvenes, los cuáles fueron usados para armar la escena que ya conocemos.
Aun con todas las pruebas, la Procuraduría General de Justicia (PGJ) de Tamaulipas tenía una explicación que legitimaba el actuar de los soldados. Dijo que se trataba de un operativo más grande iniciado un mes antes, en el que el Ejército apoyó a la Policía estatal y tras varios ataques de la “Tropa del Infierno” se decidió tomar acción en contra de esta célula delictiva mediante un operativo ordenado por el entonces gobernador del estado, Francisco García Cabeza de Vaca. Sin embargo, el “resumen de eventos relevantes” enviado al secretario de la defensa, únicamente señala que al comandante del 16 regimiento de Nuevo Laredo se le fue ordenado trasladarse al lugar para apoyar a las autoridades civiles y recabar mayor información.
Después de descubierto el montaje, fueron acusados formalmente sólo siete policías del extinto CAIET por homicidio calificado, allanamiento de morada, abuso de autoridad y falsedad en los informes, de los cuales únicamente dos fueron detenidos en 2021. El caso se dio por terminado con una disculpa pública por parte de la Policía estatal, tres años después de ocurrida la masacre.
Como ejemplifica este caso, la narrativa de la descripción de los hechos cuando la autoridad está presente hace parecer como una coincidencia la percepción de algún sospechoso y deja muchas veces oscuro el modo en el que escaló la violencia. Además, a pesar de que sabemos que ha incrementado el despliegue de las Fuerzas Armadas durante este sexenio, la descripción de los hechos en la base oculta únicamente incluye la participación de la autoridad como “agredida”. Lo podemos notar en la clasificación de los eventos. Únicamente distingue entre haberse defendido en agresiones por enfrentamiento, o no haberse defendido en agresiones directas. Nunca reconoce que la autoridad inicie el fuego o escale el encuentro con la presunta delincuencia organizada 29.
Es inverosímil pensar que en más de 5,000 eventos a nivel nacional a lo largo de cuatro años, la autoridad nunca haya iniciado el fuego o escalado el encuentro. Más adelante en el informe evidenciamos cómo no solo es opaco al describir su participación, sino que, cuando el Estado reconoce haber estado presente en un evento, la calidad de reporte de varias variables de interés (calibre de las armas, seguimiento legal del evento, nombres de las víctimas y el grupo delictivo involucrado) empeora. Al ser ambiguo el rol del Estado y de la delincuencia organizada en estos eventos, creemos que no se pueden adjudicar todos los fallecimientos reportados en la base oculta solo a la delincuencia organizada y no adjudicarlos también a su combate.
La última razón por la que decidimos hablar de asesinatos por la delincuencia organizada y también asesinatos por su combate es porque la narrativa de la guerra hace parecer que existe un adversario claro y que ese adversario es distinto al amigo. Dentro de esta narrativa, los agentes del estado solo combaten a los presuntos delincuentes, nunca se coluden o cooperan con ellos. En realidad, gracias a la base oculta, sabemos que pocas veces la autoridad sabe reconocer a su adversario: únicamente nombra al grupo delictivo relacionado al evento reportado en apenas el 5% de los eventos, incluso si le disparó al mismo rara vez sabe cuál es el grupo delictivo relacionado al evento 30.
Por otro lado, la imposibilidad de distinguir entre amigo y enemigo se ejemplifica en casos recientes como el de Genaro García Luna que evidencian la posibilidad de relación cercana entre “el narcotráfico” y algunas autoridades de alto cargo. Estos casos no son la excepción, incluso se ha generado evidencia de la colusión entre los gobiernos elegidos democráticamente en el país y la delincuencia organizada, convirtiéndo lo político en un terreno a conquistar por la misma31. Es difícil distinguir entre las víctimas que se le pueden atribuir exclusivamente a la delincuencia organizada, cuáles a los agentes del Estado que actúan en interés de la delincuencia organizada, cuáles a la delincuencia organizada que actúa bajo el interés de la autoridad y cuáles exclusivamente a los agentes del Estado.
Entonces ¿qué combaten cuando combaten?
¿Y qué registran en la base oculta?
Considerando la falta de una definición oficial sobre homicidios vinculados a la delincuencia organizada, el uso conjunto de la base oculta y otros registros públicos de mortalidad de los que sí tenemos suficiente contexto nos permite entender cómo son los eventos que el gobierno relaciona con la delincuencia organizada, por lo menos en los dos últimos años del sexenio de Enrique Peña Nieto y los primeros dos años del sexenio de Andrés Manuel López Obrador.
Nos parece indispensable hablar de las vidas perdidas en el país y nos preguntamos: ¿qué parte de la violencia homicida adjudica el Estado a la delincuencia organizada y su combate?, ¿cómo se cuentan los fallecimientos de la presunta delincuencia organizada y su combate (PDOC) a las cifras oficiales que sí son públicas y registradas de manera periódica?, ¿bajo qué conceptos?
Una de las fuentes de información más utilizadas para hablar de la violencia homicida en México —y que ya hemos mencionado en este capítulo— es el registro de Mortalidad del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Este registro sistematiza los certificados de defunciones realizados por médicos o médicos legistas responsables de verificar las causas de muerte de cada persona fallecida, además de especificar aquellos casos en donde es posible presumir la comisión de un homicidio. El proyecto, también del INEGI, “Estadística de defunciones generales” presenta información básica sobre los hechos ocurridos en cada uno de estos casos a partir de los certificados de defunción.
Entre las características de los hechos que se recopilan en los certificados de defunciones llevados y presentados por los médicos contamos con información espacio-temporal, que permite conocer la ubicación geográfica de los presuntos homicidios, así como información sobre las causas de muerte. Por medio de esta información, no solo es posible identificar la entidad donde ocurrió el hecho, sino también una categorización del lugar de ocurrencia32. Adicionalmente, gracias a las causas de muerte certificadas en el registro podemos conocer cuál fue la razón última por la que falleció la persona.
La información recopilada a través del proyecto de “Estadística de defunciones generales” sobre el espacio y la causa de los homicidios se ha utilizado ampliamente en esfuerzos de investigación que buscan conocer qué tanto de los homicidios que se viven en México se dan en contextos que se podrían relacionar con el combate contra la delincuencia organizada.
Hasta ahora, desde la academia y la sociedad civil, hemos sostenido la hipótesis de que los homicidios por arma de fuego y/o en vía pública son los que se podrían relacionar más fácilmente a la “guerra contra el narcotráfico”33. Dicha hipótesis se ha fundamentado, por un lado, en que conocemos qué parte de la violencia generada por la “guerra contra el narcotráfico” se ejerce en enfrentamientos en vía pública, ya sea entre grupos presuntamente vinculados a la delincuencia organizada o entre uno de estos grupos y las fuerzas castrenses del Estado. Estos son enfrentamientos que en muchos casos se conocen como “balaceras” por el amplio uso de armas de fuego. Por otro lado, la hipótesis se ha sustentado en el considerable aumento de homicidios en la vía pública a manos de un arma de fuego desde el inicio de esta política de Estado en 2006 34.
El registro de Mortalidad es la mejor fuente de información pública para contextualizar los fallecimientos reportados en la base oculta, pues es un registro homologado y consistente a nivel nacional que contabiliza los homicidios en México basado en el registro de cadáveres y dictámenes médicos. Además, cuenta con una serie de notas metodológicas que permiten conocer claramente el contenido de cada variable de información incorporada en el registro35.
¿Qué tanto se asemejan los fallecimientos
reportados en la base oculta y los reportes
de homicidios del registro de Mortalidad?
Nos interesa entender qué tan similar es la base oculta a otras fuentes de información sobre homicidios en México, particularmente los homicidios que puedan relacionarse con características específicas tales como el uso de arma de fuego y que hayan sucedido en vía pública. Esto nos permitirá entender, desde la perspectiva del Grupo CANDADO, las diferencias en magnitud y tendencia de este fenómeno, relativo a los asesinatos en general.
En la base oculta podemos ver las personas que son reportadas como fallecidas en los eventos que el Estado vincula con la PDOC. Vale la pena destacar que el total de personas fallecidas es una variable llamada “Total de fallecidos” en la base original. A partir de esta variable, en la siguiente gráfica comparamos los reportes mensuales de las personas fallecidas en la base oculta y los presuntos homicidios mensuales reportados por el registro de Mortalidad para el mismo periodo, ambos por cada 100,000 habitantes.
Entre 2017 y 2020 fueron asesinadas 130,583 personas en México37. Según el Estado, 70,898, la mayoría de ellas (54.2%), fallecieron como consecuencia de la delincuencia organizada y su combate. Esta cifra es muy similar al 52% de homicidios que le adjudicaba el Estado a la PDOC cuando se hizo la primera publicación de la Base Presidencia.
A pesar de que el total de homicidios en México es casi el doble del total de personas fallecidas en la PDOC, ambas medidas de violencia homicida parecen seguir una misma tendencia. La diferencia en los niveles de homicidios o fallecimientos registrados es previsible, pues el registro de Mortalidad incluye todas las modalidades de homicidio registradas en actas de defunción mientras que nuestra base incluye —o al menos eso intuimos a partir de la información disponible— fallecimientos únicamente vinculados a la PDOC. Es decir, homicidios que tienen una naturaleza particular.
¿Con qué características se asemejan más los asesinatos
a las tendencias de homicidios del INEGI?
A partir de la tendencia similar que presentan el registro de Mortalidad y la base oculta, podemos aseverar que parte de las personas fallecidas en eventos que la autoridad entiende como la PDOC sí es capturada en el registro de Mortalidad. Sin embargo, para entender mejor lo que cuenta el Estado como el PDOC nos interesa saber: ¿bajo qué conceptos se reflejan los homicidios por la PDOC en el registro de Mortalidad?
Partimos de las modalidades que, como describimos previamente, hemos sugerido desde la sociedad civil que como aproximación para observar la violencia vinculada al crimen organizado: presuntos homicidios con arma de fuego, presuntos homicidios en vía pública, y fallecidos por PDOC en la base oculta.
Para los meses en los que contamos con al menos un evento reportado en la base oculta, el número total de asesinatos que el Estado relaciona a la PDOC se asemeja más a los presuntos homicidios en vía pública que aquellos que se dieron por arma de fuego. Sin embargo, como ya sabemos que los asesinatos por PDOC son un subconjunto del total de los asesinatos que se dan a nivel nacional, la pregunta es qué tipo de homicidio reportado por el INEGI muestra cambios similares y simultáneos a los fallecimientos registrados por la base oculta. En otras palabras, queremos identificar qué tipo de homicidios cambia al mismo tiempo y en una magnitud similar a la medida de fallecimientos de la base oculta. La gráfica siguiente muestra el cambio trimestral en registros de homicidios y fallecimientos para el Grupo CANDADO y el INEGI.
Al considerar los cambios trimestrales en términos porcentuales, entre el tercer trimestre de 2017 y el segundo trimestre de 2018, todas las medidas de violencia homicida se comportan de forma bastante similar. A partir del segundo trimestre de 2019, donde el tamaño de los cambios se reduce, la medida que parece cambiar en magnitudes similares a los fallecimientos que el Gobierno atribuye a la PDOC es el homicidio con arma de fuego. Es decir, lo que más se asemeja a los asesinatos por PDOC son los homicidios armados, más que los homicidios en vía pública e incluso que los homicidios armados en vía pública.
Reconocer la similitud de la medida oficial de PDOC con los asesinatos armados es de utilidad para generar indicadores más allá del periodo de la base oculta al que tenemos acceso.
Según el Estado, los homicidios cometidos por la PDOC son similares a los asesinatos armados. Pero ¿se parece el perfil demográfico de las personas que fallecen bajo ambos conceptos? ¿Quiénes son las víctimas de la guerra que cuenta el Estado? ¿Són las mismas que aquellas que son asesinadas por arma de fuego?
¿Quiénes son las víctimas de la guerra que cuenta el Estado?
Para explorar quiénes son las personas que fueron registradas como fallecidas por ambas modalidades usamos las dos características demográficas presentes tanto en el registro de Mortalidad como en la base oculta: el sexo y la edad de las personas asesinadas. Si lo que el Estado entiende como PDOC fuera sistemáticamente distinto a lo que podemos medir con los homicidios por arma de fuego en los registros de mortalidad —porque el Estado tiene más y mejor información para distinguir este tipo de eventos— entonces esperaríamos que las personas registradas como fallecidas en ambas bases tuvieran perfiles demográficos distintos.
En cuanto a sexo, las personas fallecidas se concentran más en un sexo que en otro. En la Base Oculta 92.1% de las personas fallecidas de las que conocemos el sexo son hombres, mientras que 91.5% de las personas asesinadas por arma de fuego en México son hombres.
La diferencia es muy pequeña. Cuando observamos las tendencias de total de fallecidos en la base oculta y los homicidios por arma de fuego desagregadas por sexo, los cambios mensuales se asemejan más entre ambas fuentes que cuando vemos el total de personas fallecidas bajo cada concepto.
Las personas que fallecen en México por asesinato por arma de fuego también tienen edades muy similares a las personas que fallecen en México por la PDOC. Si tomamos el total de hombres que se registran como asesinados en ambas fuentes y vemos cuántos de ellos caen en cada grupo de edades, el porcentaje de hombres es muy similar en ambas fuentes. Al tomar el total de mujeres asesinadas en ambas fuentes y realizar el mismo ejercicio, la distribución de ambas fuentes también es muy similar.
Las edades de las personas fallecidas reportadas en la base oculta están más concentradas entre los 12 y los 54 años que el resto de la población que es asesinada en México por arma de fuego. Sin embargo, la discrepancia es pequeña en magnitud.
Encontramos que, en cuanto a sexo y edades, las personas asesinadas en la PDOC son casi idénticas a las personas que son asesinadas con arma de fuego. Por lo tanto, es probable que el registro de homicidios por arma de fuego por parte del INEGI sea una buena aproximación a lo que el Estado cuenta como personas asesinadas por la PDOC.
En la narrativa y el despliegue de la capacidad coercitiva del Estado, la guerra contra la delincuencia organizada se ha concentrado en algunas regiones del país. ¿Estas prácticas responden a la medición del fenómeno de PDOC que mantiene el Estado?
Una medida de concentración municipal de fallecimientos sería el porcentaje de municipios donde hay por lo menos una persona asesinada en cada fuente.
En la base oculta, el número de municipios donde ocurre al menos un asesinato (41.3%) es menor que el número de municipios donde ocurre al menos un asesinato por arma de fuego según el registro de Mortalidad (55.2%). Mientras la concentración municipal de asesinatos por arma de fuego se mantiene relativamente constante a lo largo del periodo de reporte de la base oculta, entre 2018 y 2019 hay un aumento considerable en los municipios donde se reporta por lo menos un asesinato por la PDOC.
La mayor concentración geográfica de los asesinatos por la PDOC se puede explicar porque la PDOC que cuenta el Estado se ha ampliado geográficamente a partir de este sexenio. Por otro lado, puede que haya cambiado la definición de los homicidios por la PDOC para este sexenio. Denominaremos esta explicación como un problema de definición.
Otra explicación para la mayor concentración geográfica de los asesinatos por PDOC es que el despliegue de soldados en terreno se haya ampliado a un mayor número de municipios. En consecuencia, es esperable que al tener más presencia en más espacios de la república, los soldados hayan podido presenciar y, por lo tanto registrar, más asesinatos vinculados a la PDOC. Esta hipótesis se sustentaría en la actual estrategia gubernamental de militarización. Denominaremos esta hipótesis del cambio entre sexenios como resultado de cambios en qué tanto se mide el fenómeno o resultado de una inconsistencia en la medición.
Por último podríamos pensar que la expansión geográfica de este tipo de violencia letal se debe a que la Administración actual prefiere justificar la violencia homicida como resultado de la delincuencia organizada. En realidad, esta narrativa no es nueva. Desde la declaración de la “guerra contra el narcotráfico” hemos escuchado una y otra vez la narrativa de que las personas asesinadas durante estos años “estaban metidas en algo”. En ese sentido, no es la primera vez que el Gobierno se desprende de su responsabilidad de garantizar la seguridad de las personas porque estos homicidios se dan en “pleitos de plaza”38. Es decir, puede ser que la dispersión súbita de los homicidios por la PDOC se deba a un problema de tergiversación, donde el Gobierno decide adjudicar una mayor parte de la violencia homicida armada a una causa inatendible.
Si los registros de homicidios por arma de fuego y por la PDOC midieran lo mismo, y no hubieran problemas de medición o de definición que cambiaran el registro geográficamente, esperaríamos que si tomamos el total de personas asesinadas por arma de fuego y viéramos el porcentaje de ellas que ocurre en cada entidad federativa, ese porcentaje se asemejaría al porcentaje de personas reportadas como asesinadas en la PDOC.
Ilustramos esas diferencias en la gráfica, donde las entidades federativas están ordenadas para que aparezcan más arriba aquellas que tienen mayor concentración de personas fallecidas en la base oculta que en el registro de Mortalidad. Mientras su representación en nuestra base y en el registro de Mortalidad se vayan asemejando, la diferencia de puntos porcentuales se va acercando a cero. Al final de la lista tendremos aquellas entidades federativas donde la base oculta señala pocos casos de personas asesinadas dentro del estado.
Dentro de los estados donde la diferencia es grande, resulta interesante considerar dos categorías: aquellos donde se reportan muchos casos en la base oculta con respecto al número de personas asesinadas reportadas por el INEGI —entidades con diferencia positiva— y aquellos donde se reportan pocos casos a pesar de que la entidad cuente con altos niveles de homicidios —entidades con diferencia negativa—.
Entre las entidades donde las defunciones vinculadas al combate contra la delincuencia organizada son relativamente altas con respecto a la cantidad de homicidios reportados por el registro de Mortalidad, tenemos a Guanajuato, Baja California, Guerrero, Michoacán y Veracruz. Estas entidades son las que relacionamos intuitivamente como focos rojos de la “guerra contra el narcotráfico” por el reporte de balaceras y enfrentamientos en la zona.
Por otro lado, las entidades donde los homicidios generales son bastante altos para los bajos niveles de fallecidos por el combate contra la delincuencia organizada son: Estado de México, Ciudad de México, Puebla, Chiapas y Oaxaca. En estas entidades el menor reporte de fallecidos por la PDOC para el número de homicidios por arma de fuego se podría explicar por la falta de presencia de las fuerzas castrenses o incluso porque hay otras dinámicas de violencia que definen el número de asesinatos. Sin embargo, la diferencia también podría deberse a problemas de medición: en el sentido de que puede que no haya tanta presencia de las fuerzas castrenses en ciertas zonas para los altos niveles de homicidio que se experimentan en la zona. Alternativamente, podría deberse a que existan variaciones en la recopilación y sistematización de información por distintos batallones.
Por último y semejante al caso anterior, las diferencias en la representación geográfica se pueden deber a intereses políticos. Por poner un ejemplo, siguiendo intereses económicos, podríamos imaginar que la capital y la zona metropolitana quieran tildarse como seguras evitando ser reconocidas como espacios donde la PDOC también está presente.
En resumen, los asesinatos por la PDOC registrados en la base oculta son muy similares a los homicidios por arma de fuego del registro de Mortalidad del INEGI, tanto en sus cambios porcentuales a través del tiempo, como en el sexo y la edad de las víctimas de ambos registros de violencia homicida. Sin embargo, presentan diferencias considerables en cuanto a su distribución geográfica. Las diferencias que existen en lo que se registra como homicidios por arma de fuego o por PDOC se pueden deber a tres tipos de problemas que explicaremos a detalle en la siguiente sección: problemas de definición, de medición o resultado de intereses políticos.
La base oculta representa una narrativa oficial que revela cómo el Estado mismo ve el fenómeno de la violencia. La base oculta es una narrativa oficial de la guerra; revela cómo el Estado la ve, la combate y la comunica entre varias autoridades.
Dado que la base oculta se constituye de datos centralizados por el Grupo CANDADO a partir de insumos de las instituciones de seguridad, esperaríamos que esta fuera el registro utilizado para la toma decisiones con respecto al “combate a la delincuencia”. Es decir, esperaríamos que el actuar de las instituciones que garantizan la seguridad en el país estuviera informado por la evaluación realizada a partir de la base oculta: el estado de la delincuencia organizada, los resultados de las acciones previas por parte de la autoridad, las formas más efectivas para combatir a la delincuencia, etc.
Cualquier registro, al plasmar solo parte de una realidad compleja, puede generar narrativas y justificar tomas de decisiones que son sesgadas. Este capítulo está dedicado a entender esos sesgos. Como se espera quede claro: algunos son casi inevitables, pero otros parecen resultado más bien de la negligencia o el dolo. Entender estos sesgos ––intencionales y no–– en la narrativa del Estado es importante porque para entender la guerra tenemos que saber y cuestionar lo que el Estado sabe de ella.
Tipos de problemas de registro o sesgos
Quién recaba la información, su objetivo y su forma de reducir el problema a algo que se pueda contabilizar, son todos factores que afectan nuestras posibilidades de entender un fenómeno. Por poner un ejemplo, al utilizar definiciones distintas o poco claras de lo que es un “homicidio por delincuencia organizada”, vamos a contar cosas distintas. Llamemos a estas características de las bases de datos “sesgos por definición”.
Existen restricciones a la calidad de los datos recabados que van más allá de las limitaciones de cajón, como las omisiones que se dan por incapacidad. Para considerar la calidad de la información recabada en la base oculta también debemos tomar en cuenta los posibles problemas de medición que pueden surgir en la recolección de información; problemas que suceden a pesar de las mejores intenciones de quiénes recaban los datos. En el caso de la base oculta, algunos de los errores de medición se pueden dar por falta de información o por falta de capacidad de recabar la información.
Por ejemplo, al estar construida por distintas instituciones, a pesar de que exista una metodología (si es que existe), es posible que las instituciones tengan capacidades heterogéneas para la recolección de datos que la metodología no logre subsanar. También puede ser que, gracias a cambios en los intereses o preocupaciones institucionales, haya sesgos en la cantidad y tipos de eventos que cada institución reporta. Esto no se puede resolver, ni tampoco quiere decir que la base no deba usarse, solo es importante tenerlo en cuenta cuando se extraen conclusiones de ella.
Si no hay agentes del Estado ––ya sean policías, militares u otras autoridades–– presentes en ciertos territorios, es imposible que recaben información sobre enfrentamientos entre grupos de la delincuencia organizada u homicidios que vinculen a la delincuencia organizada, a menos que se registren a través de otros mecanismos de recabación de información y que el Grupo CANDADO las monitoree para alimentar su registro. Por otro lado, incluso si los agentes estatales están presentes, puede que no haya personal suficiente para recabar datos sobre todas las variables que incluye la base o incluso puede que no haya conocimiento preciso de parte de la información. Por ejemplo, encontramos que las edades de las personas que fallecen en el combate contra la delincuencia organizada tienen picos o saltos discontinuos en las edades que son múltiplos de cinco (20, 25, 30, 35,… años). Una explicación es que en vez de registrar la edad como “No disponible” o “Sin dato” cuando se desconoce, quienes registran la información proveen una número aproximado redondeando la edad. En el caso de la base oculta, los picos y saltos en las edades que son múltiplos de cinco son mucho mayores en el reporte de las edades que en otras que también tratan de personas fallecidas como el registro de Mortalidad del INEGI.
Más allá del reporte de la edad de las personas fallecidas, el grado del error de medición nos habla de un potencial problema en la calidad de la información en general.
Aparte de los errores de medición, no podemos ignorar la posibilidad de que la base oculta cuente con problemas de tergiversación de la información u omisiones intencionales. Las instituciones de seguridad que conforman el Grupo CANDADO son las responsables de registrar la información de su propio actuar en la base oculta y dado que esta información sería útil para evaluar –-aunque sea internamente–– las acciones de las instituciones de seguridad, existen intereses para ajustar lo registrado en beneficio propio.
Nos parece entonces importante señalar algunos sesgos que hemos identificado en la base oculta y preguntarnos qué nos dicen estos sobre la capacidad del Estado de registrar información relevante para la disminución de la violencia homicida. ¿Qué nos dicen sobre las capacidades estatales para resolver el problema de violencia?, ¿qué nos dicen sobre las estrategias que usa el Estado?
Incapacidad de registrar bien
Con el objetivo de medir la calidad de reporte en la base de datos, elegimos cuatro variables que consideramos relevantes para el reporte de la guerra y generamos un indicador de calidad para cada una de ellas:
- Calibre: de los eventos donde el arma utilizada fue un arma de fuego, contamos cuántos registros reportan el calibre39. En la base oculta se reporta el calibre para eventos donde hubo arma de fuego en un 69.9% de los casos.
- Nombre: de los eventos donde fallece por lo menos una persona, contamos cuántos mencionan el nombre de una de ellas40. El nombre de por lo menos una persona fallecida se reporta en el 52.6% de los eventos donde alguien fallece.
- Grupo delictivo: de todos los eventos, contamos en cuántos se menciona por lo menos un grupo delictivo41. A pesar de que los grupos delincuenciales son el supuesto enemigo en el combate, esta es la variable peor reportada de las cuatro elegidas, ya que se registra el grupo delincuencial en solo el 5.4% de los eventos de la base oculta.
- Seguimiento legal: contamos en cuántos eventos se completa por lo menos una variable de seguimiento legal 42. Solo se reporta alguna variable relacionada al seguimiento legal en el 22.3% de los eventos que entran a la base.
El combate contra la delincuencia organizada es llevado a cabo por las mismas instituciones responsables de garantizar la seguridad y los derechos de las personas. Dado que estas instituciones tienen que reportar las consecuencias de su propio actuar y generar la información con la que se les va a exigir cuentas, existen intereses para ajustar lo registrado para beneficio propio. La posibilidad de que la información esté tergiversada por la presencia de la autoridad se contrapone con la expectativa de que la autoridad tiene mayor capacidad de recabar y sistematizar los hechos cuando está presente en el evento.
En la gráfica anterior comparamos el reporte de cada una de estas variables cuando está presente la autoridad y cuando no43.
Observamos que el registro del calibre y del seguimiento legal empeoran cuando la autoridad estuvo presente en el evento (por 47 puntos porcentuales en el primer caso y por 13 en el segundo). Esto resulta contraintuitivo dado que, al estar presentes, las autoridades podrían recabar mejor información sobre los hechos para dar el seguimiento legal correspondiente y también para observar el tipo de arma utilizada. Sin embargo, lo contrario nos sugiere que cuando la autoridad está involucrada hay mayor opacidad en la información que se recaba sobre el evento.
En cuanto a la calidad del reporte respecto al grupo delictivo y el nombre de por lo menos una persona fallecida, mejora con la presencia de agentes del Estado. En los eventos en donde participan autoridades se registran los nombres de las víctimas mortales en 11 puntos porcentuales más comparados con los eventos en donde no participan. Lo anterior sugiere que cuando las víctimas mortales son autoridades se registra mejor quiénes son, incluso observamos que en la base oculta a veces se registra el cargo de las autoridades fallecidas. Es decir, la base oculta también puede ser una forma de registro por parte de las autoridades sobre las personas fallecidas en sus instituciones.
Según la clasificación de “modalidad” del mismo Grupo CANDADO, existe mucha diversidad en cuanto a los eventos en donde participa o no participa la autoridad44. Cuando participa la autoridad, puede ser de dos formas: porque fue “agredida” y no se defendió o porque fue “agredida” y se defendió (hubo fuego cruzado). Los eventos donde no estuvo presente la autoridad son aquellos que nosotras describimos como: 1) homicidios de personas que no son autoridades y 2) enfrentamientos entre presuntos grupos de la delincuencia organizada (en donde no intervienen las autoridades de seguridad).
Por “modalidad”, el tipo de evento que menos información tiene de nombres de las víctimas, grupo delictivo, calibre de las armas y registra menor seguimiento legal son los enfrentamientos entre autoridades y presuntos grupos de la delincuencia organizada. Este es uno de los hallazgos más preocupantes de este reporte, ya que sugiere que la omisión de detalles sobre el evento o una variación en la investigación judicial posterior del evento se da a conveniencia de la autoridad.
Nos parece especialmente preocupante que los enfrentamientos entre autoridades y presuntos grupos de la delincuencia organizada sean los eventos para los que menos seguimiento legal hay, a pesar de que la presencia de la autoridad en el evento debería generar mejor evidencia para continuar la investigación por la vía legal.
De forma similar, nos preocupa que los agentes del Estado no puedan vincular a las personas a las que le disparan con algún grupo delincuencial, o siquiera saber su nombre. Esto quiere decir que en menos del 36% de los casos en la base que supuestamente cuenta PDOC, el Estado no puede reconocer si las personas asesinadas son en realidad delincuentes, ya sea porque saben quiénes son o porque las pueden vincular a algún grupo delictivo.
La variable para la que hay mejores registros, de nuevo, es el nombre de la persona asesinada en aquellos casos donde hay encuentros entre la delincuencia organizada y autoridades en los que no existió defensa por parte de la autoridad (son sobre todo eventos en donde se encontró el cuerpo de alguna autoridad asesinada). Esto es esperable, dado que en esta categoría se registran los eventos en los que se ataca a funcionarios públicos y se atribuye el ataque a la delincuencia organizada.
Sesgos en lo que se incluye en la base oculta
Dada la opacidad sobre la existencia de esta base y su metodología, es posible pensar que exista un sesgo malicioso en lo que sí se incluye en la base y lo que no.
Con información de los correos filtrados por el colectivo Guacamaya, sabemos que el secretario de la Sedena recibe diariamente un correo que incluye un archivo PDF denominado “Resumen de Novedades” en donde el Gabinete de Seguridad de la Sedena informa, entre otras cosas, el número de efectivos desplegados y pendientes por desplegar según la dependencia (Sedena, Policía Federal, Centro Nacional de Inteligencia). Además, en dicho PDF se incluyen dos cuadros: el primero enumera y describe los eventos relevantes que reportan las coordinaciones regionales por entidad, coordinación, evento, incidente y acciones adoptadas; el segundo enumera y describe los eventos relevantes de los mandos territoriales por región militar, zona militar, evento (resumen) e incidente (descripción más amplia del evento), y acciones adoptadas45. Si bien la base oculta registra información que proviene de distintas dependencias y no únicamente de la Sedena, usamos la información de los “Resúmenes de Novedades” para observar qué eventos de los contenidos en este correo se incluyen en la base oculta y cuáles no.
Al comparar los eventos incluidos en el “Resumen de Novedades” con la base de datos del Grupo CANDADO, observamos que hay eventos que se reportan en el primero que no se incluyen en la base. En general podemos decir que en la base oculta solo se incluyen eventos que son “violentos”. Creemos que un evento que presenta violencia es aquel que tiene como resultado alguna persona fallecida, o cuando hay fuego cruzado aunque no resulten personas heridas o fallecidas. Es decir que, cuando un evento está presuntamente vinculado con la delincuencia organizada pero no es violento, no se registra en la base. Por ejemplo, no se registran detenciones de personas que presuntamente pudieran estar vinculadas con la delincuencia organizada o con el tráfico de drogas si no hay fuego cruzado ni personas fallecidas.
Tampoco se incluyen eventos como bloqueos carreteros realizados por parte de la delincuencia organizada que hayan transcurrido sin fuego cruzado o personas asesinadas. Un ejemplo de este tipo de eventos es el siguiente:
EN LA PLAZA DE TOROS XX DE XX, DONDE SE ENCUENTRA DESTACAMENTADA LA B.O. “XX” (2 OFS., 40 TPA. Y 5 VEHS.), PERT. AL X/o. B.I. (XX, ARRIBARON APROXIMADAMENTE 13 VEHÍCULOS CON BLINDAJE ARTESANAL CON APROXIMADAMENTE 6 PERSONAS ARMADAS CADA UNO, BLOQUEANDO E IMPIDIENDO LA SALIDA DEL PERSONAL MILITAR, PERO SIN REALIZAR NINGUNA ACCIÓN ARMADA EN CONTRA DE LAS TROPAS.
(Este es un ejemplo de evento que se incluye en el “Resumen de Novedades” pero no en la base oculta)
Además, en la base oculta no se registran los aseguramientos de droga, armamento, municiones o vehículos que no tuvieron como consecuencia personas fallecidas ni fuego cruzado. Finalmente, tampoco se incluyen los secuestros (a civiles o funcionarios públicos, por ejemplo) que son realizados presuntamente por grupos de la delincuencia organizada46.
Aunado a los eventos “no violentos”, observamos en los resúmenes de novedades que hay otros tipos de eventos que se trata de homicidios o agresiones por fuego cruzado en contra de autoridades de seguridad, pero que no aparecen en la base oculta. Por ejemplo:
AGRESIÓN A PERSONAL MILITAR EN EL MPIO. DE XX, XX. A INMEDIACIONES DEL POBLADO XX, MPIO. DE XX, XX., LA B.O. “XX” (1 OF., 24 TPA. Y 3 VEHS.) PERT. AL XX/o. B.I. (XX), AL REALIZAR RECONOCIMIENTOS TERRESTRES FUE AGREDIDA CON DISPAROS DE ARMA DE FUEGO POR SUJETOS DESCONOCIDOS, REPELIENDO LA AGRESIÓN CON EL RESULTADO SIGUIENTE: PERSONAL MILITAR SIN NOVEDAD, 1 AGRESOR FALLECIDO, ASEGURANDO 3 ARMAS LARGAS Y 1 VEHÍCULO. EL CMTE. DE LA XX/a. Z.M. (XX) ORDENÓ AL CMTE. DEL XX/o. B.I. (XX.) QUE 2 BB.OO. (2 OFS., 54 TPA. Y 6 VEHS.) DE LA MISMA UNIDAD, SE TRASLADARAN AL LUGAR DEL EVENTO CON EL FIN DE APOYAR A LAS TROPAS AGREDIDAS
(Este es un ejemplo de evento que aparece en el “Resumen de Novedades” pero no en la base oculta)
El evento anterior es casi igual en su descripción a varios eventos que se registran en la base oculta, se trata de una “agresión” que reciben las autoridades de seguridad que “repelen la agresión” (con repeler la agresión se entiende que las autoridades hicieron uso de las armas) y además se registra un agresor fallecido. Este evento, de acuerdo a lo presentado en la metodología publicada en 2011 y conforme a los eventos que observamos en la base oculta, cumple con las características necesarias para ser incluido en esta, sin embargo, no se registró. ¿Por qué? No lo sabemos. No sabemos por qué este evento (y otros similares) no se incluyeron en la base oculta pero el hecho de que existan da cuenta de que hay sesgos en los eventos que se incluyen y no. Hay eventos que no se han incluido, sea de manera intencionada por razones políticas (por deseos de ocultar información), por descuido o por falta de una metodología clara. También es posible que haya un criterio ––que no se ha esclarecido–– que justifique la exclusión del evento.
La mayoría de los eventos incluídos en la base de datos no hacen mención explícita de cómo están relacionados con la delincuencia organizada. En la mayoría no se sabe explícitamente cuál es el grupo del crimen organizado que está involucrado (como mencionamos arriba este dato solo se reporta en el 2% de los eventos en la base). Además, en pocos eventos se hace mención de si se realizó algún aseguramiento de droga; la mayoría son eventos en donde se registran personas asesinadas y enfrentamientos entre personas armadas y, sin embargo, se incluyen en la base de datos dando por hecho que están vinculados a la delincuencia organizada.
El siguiente es ejemplo de un evento que aparece tanto en el “Resumen de Novedades” como en la base del Grupo CANDADO.
A INMEDIACIONES DEL MPIO. DE XX, XX, ELEMENTOS DE LA POL. ESTATAL AL REALIZAR RECORRIDOS DE VIGILANCIA, FUERON AGREDIDOS CON DISPAROS DE ARMA DE FUEGO POR 4 SUJETOS QUE VIAJABAN A BORDO DE UN VEH., AL REPELER LA AGRESIÓN RESULTARON POLICÍAS SIN NOVEDAD Y LOS AGRESORES
(“Resumen de Novedades” que sí se incluye en la base).
Observamos que en este evento no hubo personas fallecidas, pero sí fuego cruzado. No obstante, hay que notar que no se identifica que las personas que participaron en el evento fueran integrantes de algún grupo de la delincuencia organizada, ni que se haya decomisado droga y, sin embargo, se asume como vinculado con la delincuencia organizada. Es decir, en la mayoría de las descripciones de los eventos incluídos en la base oculta no se hace mención explícita de cómo están relacionados con la delincuencia organizada.
¿Presuntos delincuentes?
Otro sesgo malicioso es la forma en que las instituciones del Grupo CANDADO clasifican a las personas fallecidas en la base oculta. ¿Quiénes son las personas que han fallecido en México por la delincuencia organizada y en el esfuerzo por combatir esta problemática? Lo que observamos es que la base oculta tiene sesgos maliciosos importantes en documentar quiénes son las víctimas fallecidas.
Las víctimas mortales pueden registrarse en la base oculta como autoridades (policías, militares, funcionarios públicos), “civiles” o “presuntos delincuentes”. Ya que la base oculta no tiene una metodología pública, no conocemos su definición de “civiles”, ni de “presuntos delincuentes”, en cambio sí podemos saber quiénes son las autoridades de seguridad que fueron víctimas mortales en los eventos (podemos conocer si la víctimas fallecidas eran policías municipales, estatales o federales, policías ministeriales, militares, personal de la Marina, de la Guardia Nacional, o funcionarios públicos distinguiendo entre nivel federal, estatal y municipal).
Sin embargo, no sabemos cómo las instituciones del Grupo CANDADO clasifican a una víctima fallecida como “presunto delincuente” o “civil”47. ¿Qué evidencia tiene la autoridad de que las víctimas mortales son “presuntos delincuentes”? 48
Parece que ninguna. En la base observamos que el Grupo CANDADO registra como “presuntos delincuentes” a personas que posteriormente han sido identificadas como personas no armadas y ajenas a la delincuencia organizada, o bien, que registran como “presuntos delincuentes” a personas a las que no se les comprobó antecedentes penales o que ni siquiera fueron identificadas. En algunos eventos esto sucede seguramente con una intención política, para justificar ejecuciones arbitrarias y/o extrajudiciales. En otras ocasiones, observamos que el registro de personas de las que no se tiene información como “presuntos delincuentes” obedece también a un hábito sistemático que tienen las autoridades de la fuerza pública de presentar los hechos de una forma que justifique el uso excesivo de la fuerza.
Un ejemplo de tergiversación en el registro de personas civiles asesinadas por autoridades de seguridad es el registro del evento ocurrido en Nuevo Laredo el 3 de julio de 2020. Ese día en la madrugada, sobre la carretera boulevard Aeropuerto en Nuevo Laredo, Tamaulipas, elementos de la Sedena a bordo de varios vehículos en convoy sostuvieron un enfrentamiento contra presuntos miembros de la delincuencia organizada en el que perdieron la vida doce personas. Más tarde se reveló que, de los fallecidos, tres eran personas que fueron secuestradas por el crimen organizado49. Estas tres personas no portaban armas de fuego, además de que se encontraban atados de pies y manos50. En un video de este enfrentamiento publicado por el diario El Universal se revela como, segundos después de que terminara la balacera, una de las personas secuestradas se mueve en la cajuela de una de las camionetas baleadas, un militar se acerca a él y grita “¡Está vivo!”, otro militar le ordena “¡Mátalo a la verga!” 51.
Uno de los civiles secuestrados era Arturo Garza, estudiante de ingeniería de 19 años quién salió de su casa la noche del sábado 27 de junio; al día siguiente, al no regresar, sus familiares lo buscaron por Nuevo Laredo y lo reportaron como desaparecido ante la Fiscalía Especializada en Atención a Personas No Localizadas o Privadas de su Libertad. Los otros civiles asesinados por el ejército eran Ángel Nuñez, mecánico de 27 años quien había desaparecido el 27 de junio y Damián Genovez migrante de Chiapas de 18 años a quién no se había visto desde el 24 de junio cuando salió a buscar trabajo con su primo52. No sabemos si las otras personas fallecidas eran o no miembros de la delincuencia organizada, pero sabemos que tres personas eran víctimas de desaparición, sin embargo, la base oculta las sigue registrando como “presuntos delincuentes”.
La CNDH publicó el 24 de noviembre de 2021 la Recomendación No. 90/2021 dirigida al Secretario de la Defensa y al Fiscal General de Justicia del Estado de Tamaulipas donde reconoce que se violó el derecho humano a la vida por uso excesivo de la fuerza cometida por elementos militares en los hechos y la indebida procuración de justicia por parte de la Fiscalía General de Justicia del Estado en agravio de las tres víctimas civiles. La versión de la base oculta que hacemos pública se modificó por última vez en diciembre de 2020, por lo que desconocemos si el Grupo CANDADO modificó la narración de los hechos después de la recomendación de la CNDH en 2021, no obstante en la versión de la base oculta de diciembre de 2020 se registra que no hubo “civiles” fallecidos en este evento:
3 JUL. 2020, SOBRE EL BOULEVARD AEROPUERTO, A LA ALTURA DE LA COL. NUEVA ERA, MPIO. DE NUEVO LAREDO, TAMPS., PNAL. MILITAR AL REALIZAR RECONOCIMIENTOS TERRESTRES FUERON AGREDIDOS POR SUJETOS ARMADOS QUE SE TRASLADABAN A BORDO DE 3 CAMIONETAS (UNICOS DATOS), AL REPELER LA AGRESIÓN SE OBTUVIERON LOS RESULTADOS SIGUIENTES: PERSONAL MILITAR SIN NOVEDAD. 12 AGRESORES FALLECIDOS, PERSONAS MASCULINAS, SIN IDENTIFICAR TOMARA NOTA DE LOS HECHOS EL A.M.P.F.C. DEL MPIO. DE NVO. LAREDO, TAMPS., QUIEN DISPONDRÁ EL LEVANTAMIENTO Y TRASLADO DE LOS CADÁVERES AL SE.ME.FO. DE REFERIDO MPIO., PARA LA NECROPSIA DE LEY, EL RESTO DE LOS AGRESORES HUYERON EN SUS OTROS DOS VEHÍCULOS CON RUMBO DESCONOCIDO. ASEGURAMIENTO DE: 2 FUSILES BARRETT CAL. 0.50”,, 8 FUSILES AR-15 CAL. 0.223”. CARGADORES Y CARTUCHOS PARA DIVERSOS CALIBRES Y 1 CAMIONETA MARCA CHEVROLET, TIPO CHEYENNE. LO ASEGURADO SERÁ PUESTO A DISPOSICIÓN DEL A.M.P.F. DE NVO. LAREDO, TAMPS., POR EL PERSONAL MILITAR COMO PRIMER RESPONDIENTE., RESULTANDO 3 VEHÍCULOS OFICIALES DAÑADOS CON IMPACTOS DE ARMA DE FUEGO. DESPUÉS DE REALIZAR RECONOCIMIENTOS LOCALIZARON 1 VEH. Y 1 AGRESOR FALLECIDO.
El número de personas “civiles” fallecidas en los enfrentamientos está evidentemente subregistrado en la base del Grupo CANDADO. Pensamos que el sesgo es intencionado, pero también creemos que ocurre de manera sistemática casi como un hábito entre quienes registran los datos. Notamos que la base oculta clasifica a las personas asesinadas como “presuntos delincuentes” al no tener información de las personas fallecidas, o a pesar de consultar su información en la base de datos “Plataforma México” y que no se hayan localizado antecedentes penales. Pensamos, además, que una buena parte de los homicidios registrados en la base oculta son hallazgos de cuerpos que no se logran identificar.
Un ejemplo es el siguiente evento, que se registra tanto en la base del Grupo CANDADO como en los PDFs denominados “Resumen de Novedades”. En la base oculta se describe el hecho como sigue:
EN LA ENTRADA A LA COMUNIDAD XX DE XX FUERON LOCALIZADOS TRES CUERPOS MASCULINOS CON DISPAROS DE ARMA DE FUEGO Y MANIATADOS.
En el “Resumen de Novedades” se explica un poco más los hechos:
LOCALIZACIÓN DE 3 PERSONAS FALLECIDAS, EN EL MPIO. DE XX. FECHA XX, EN EL C-5 DE XX SE RECIBIÓ UNA LLAMADA DEL XX, COMISARIO DE LA COMUNIDAD XX, MPIO. DE XX, QUIEN MANIFESTÓ QUE EN LA ENTRADA A CITADA COMUNIDAD (COORDENADAS XX N XX W) SE ENCONTRABAN 3 CUERPOS SIN VIDA. AL LUGAR ARRIBARON ELEMENTOS DE LAS POLICÍAS INVESTIGADORA, ESTATAL Y MUNICIPAL, QUIENES LOCALIZARON LO SIGUIENTE: 3 PERSONAS FALLECIDAS DEL SEXO MASCULINO (SIN IDENTIFICAR). SE ENCONTRABAN AMARRADAS DE PIES Y MANOS CON CINTA CANELA Y SIGNOS DE VIOLENCIA. PERITOS DEL INSTITUTO XX DE CIENCIAS FORENSES TOMARON NOTA DE LOS HECHOS Y DISPUSIERON EL LEVANTAMIENTO Y TRASLADO DE LOS CUERPOS AL SE.ME.FO. DEL MPIO. DE XX, PARA LA NECROPSIA DE LEY. ELEMENTOS DE LA POLICÍA ESTATAL Y MUNICIPAL REALIZARON UN OPERATIVO PARA LOCALIZAR A LOS RESPONSABLES, SIN RESULTADOS.
En la base oculta, estas tres personas sin identificar fueron clasificadas como “presuntos delincuentes”, a pesar de que no se pudo conocer su identidad. En el evento no se encontraron drogas, ni armas, ni tampoco mensajes de algún presunto grupo de la delincuencia organizada. Es decir, en la descripción de los hechos no hay nada que nos lleve a pensar que se trataba de “presuntos delincuentes” y no de lo que la base clasifica como “civiles”. De manera similar al ejemplo anterior, en la mayoría de los casos que refieren al hallazgo de cuerpos de personas asesinadas en la base, no se logra identificar la identidad de los cuerpos. En solo el 52% de los eventos de la base que son homicidios se registra el nombre de al menos una víctima y sin embargo, en el 98.9% de estos eventos se reporta que hay al menos un “presunto delincuente” fallecido. Es decir que, a pesar de no identificar a las personas asesinadas, se les clasifica de manera sistemática como “presuntos delincuentes”.
¿Qué evidencia existe de que son agresiones?
Un último sesgo malicioso que identificamos es el uso del concepto de “agresiones”. Como ya lo habíamos mencionado antes, todos los eventos que están registrados en la base oculta como enfrentamientos entre grupos presuntamente vinculados a la delincuencia organizada y autoridades de seguridad se registran como “agresiones”. Las autoridades son siempre “agredidas”, nunca empiezan un enfrentamiento; según las descripciones de la base oculta, ellas solo “repelen la agresión”. Sabemos que esto no es cierto y que es común que, por ejemplo, el Ejército dispare sin que hayan recibido agresión previa de ningún tipo.
No saber cómo empiezan los enfrentamientos entre autoridades y personas armadas (o no armadas) y asumir que siempre se trata de “agresiones” lleva a que el Estado no pueda ser evaluado por las consecuencias de sus acciones. Creemos que esta forma de contabilizar los hechos tiene que ver con una intención deliberada de legitimar los enfrentamientos y no motivar una investigación posterior sobre la pertinencia del uso de la fuerza por parte de las autoridades, o que el resultado de la investigación esté dado desde un inicio. La Dirección General de Asuntos Jurídicos de la entonces PGR respondió en una solicitud de información lo siguiente: “... Aún en los casos en los que una autoridad prive de la vida a un presunto delincuente, en el ejercicio de sus funciones, en el cumplimiento de un deber o en legítima defensa, dicha conducta es calificada como un homicidio, toda vez que en términos del artículo 302 del Código Penal Federal, ‘comete el delito de homicidio, el que priva de la vida a otro’. Sin embargo, (continúa), con base en el artículo 15 del mismo Código, existen supuestos que, de comprobarse, podrían excluir el delito y extinguir la responsabilidad penal. En efecto, dentro de las hipótesis de exclusión se encuentran precisamente repeler una agresión real, actual o inminente, la legítima defensa y el cumplimiento de un deber jurídico”. Es decir, las autoridades de seguridad siempre narran los eventos usando la hipótesis de que se repelió una agresión claramente pensando en la elusión de la responsabilidad penal.
Además, lo preocupante de la información que arroja la base oculta no solo es que las autoridades de seguridad se equivoquen y maten “inocentes” sino que, incluso cuando se trata de personas que han cometido un delito, el Estado debería seguir el proceso legal de detención de las personas y se debería realizar la investigación adecuada que culmine con un juicio. Según la base oculta, en solo el 8% de los enfrentamientos entre autoridades y presuntos grupos de la delincuencia organizada hay un seguimiento legal.
Lo que revela la base oculta y las preguntas que quedan
La base oculta es un reflejo de lo que el Estado cree que es la violencia que más amerita su atención e intervención, la vinculada a la delincuencia organizada, pero también un reflejo no intencional de la participación activa del Estado y sus agentes en la generación de la violencia homicida relacionada con el combate de ese fenómeno. Además, revela la solidificación de la estrategia de militarización de la seguridad pública de los últimos sexenios y la estigmatización de las víctimas que esta ha cobrado. Refleja también cómo la estrategia de guerra y militarización ha sido acompañada por otra, paralela, de opacidad y secrecía.
Quedan muchas preguntas por contestar respecto a la forma y el fondo de esta base de datos. ¿A qué lógica obedece la decisión del Estado de mantener oculta esta fuente de información? Dadas las críticas que recibió el Estado durante el breve periodo que la base oculta fue pública, parece que la solución de las autoridades fue ocultar la información en lugar de rectificar y subsanar las críticas. ¿Cómo y para qué usa el Estado la base oculta? La periodicidad semanal con la que se reportan los datos ahí registrados sugiere que es un insumo importante para la toma de decisiones, pero de ser ese el caso, ¿las decisiones de quién?
Finalmente, también nos preguntamos ¿qué es y para qué sirve el grupo CANDADO? y ¿por qué se envía la información de la manera en la que lo hace: poco eficiente y que requiere mucho trabajo de consolidar la información de forma centralizada? La manera en la que se envía la información a través de un correo electrónico periódico requiere una cantidad enorme de trabajo y genera muchas posibilidades de registrar con errores la base de datos.
El discurso sigue siendo “se matan entre ellos”
En la conferencia mañanera del 13 de marzo de 2023, el presidente López Obrador fue cuestionado por el alza de fallecimientos en Guanajuato, Michoacán y Nuevo León. Ante esta pregunta, el presidente respondió proyectando una gráfica donde se podía visualizar “cuántos de estos hombres son por crimen organizado y cuántos tienen que ver con otro tipo de fallecimiento”. El presidente alegó que la mayoría de los asesinatos son “asuntos de pleitos de plaza”.
La narrativa de “se matan entre ellos” y de que “en algo andaban” las personas asesinadas en el marco de lo que el Estado llama “combate a la delincuencia organizada” no es nueva. Hemos escuchado estas justificaciones desde el inicio de la “guerra contra el narcotráfico” en la época de Calderón. Aunque en 2019 el presidente López Obrador declaró el fin de la guerra contra el narcotráfico, la narrativa criminalizante sobre las víctimas de homicidio permanece y se justifica a través de registros opacos en donde la categoría de “delincuente” se usa laxamente, incluso en casos donde las personas no hayan tenido un vínculo con organizaciones criminales ni hayan tenido antecedentes penales.
En la enorme mayoría de los asesinatos incluidos en los registros confidenciales del Grupo CANDADO, que no derivaron directamente de un enfrentamiento con la autoridad, se reporta que hay al menos un “presunto delincuente” muerto, aunque sólo en la mitad de esos mismos casos las autoridades contaban con información de la persona fallecida. Es decir que a las personas asesinadas, cuyos cadáveres fueron después localizados por la autoridad, sistemáticamente se les clasificó como “presuntos delincuentes”, incluso sin haberlas identificado plenamente o sin haber investigado el móvil del crimen. En realidad, es evidente que algunas de estas víctimas de asesinatos fueron clasificadas como “delincuentes” precisamente para justificar el uso excesivo de la fuerza o ejecuciones extrajudiciales perpetradas por las autoridades y las Fuerzas Armadas durante sus intervenciones y enfrentamientos.
En esta bitácora secreta de la guerra hace evidente, con lo que el Estado registra y lo que no, el costo de delegar la seguridad pública a las Fuerzas Armadas. Este informe y la base de datos que lo acompaña representan una rara posibilidad de entender la distancia que hay entre la narrativa oficial y el fenómeno a la que intenta referirse. Entre la forma con la que se narra la guerra y la forma como la lucha el Estado. Entre la promesa del respeto a los derechos humanos y de terminar la guerra, y la completa libertad con la que las Fuerzas Armadas actúan, reportan y justifican su actuar.
Hacemos pública la versión anonimizada de la base oculta con la intención abonar a la búsqueda de fuentes que sirvan para la investigación e incidencia ante el contexto de creciente violencia en el país.
1 Laura Atuesta et. al., “La ‘Guerra contra las drogas’ en México: registros (oficiales) de eventos durante el periodo de diciembre 2006 a noviembre de 2011”, Cuadernos de Trabajo del Monitor del Programa de Política de Drogas, núm. 14, 2017. Disponible en: https://politicadedrogas.org/site/investigacion/id/41.html.
2 En el primer capítulo mostramos como ejemplo dos solicitudes de información en las que se solicitó, sin éxito, contenido similar, pero actualizado, al que contiene la Base Presidencia y la Base del CIDE-PPD.
3 Cuando decimos lo que “cuenta” el Estado nos referimos tanto a lo que contabiliza como a lo que narra sobre los homicidios relacionados a la delincuencia organizada y su combate
4 Laura Atuesta, Oscar S. Siordia, Alejandro Madrazo Lajous, “CT #14 La "Guerra Contra las Drogas" en México: registros (oficiales) de eventos durante el periodo de diciembre de 2006 a noviembre de 2011”, Política de Drogas, 2017, disponible en: https://politicadedrogas.org/site/investigacion/id/41.html.
5 La solicitud de información a la SEDENA tiene el folio 0000700193920 y la realizada a la FGR el folio 0001701023120.
6 Presidencia de la República, “Versión estenográfica de la conferencia de prensa matutina del Lunes 14 de octubre, 2019”, 14 de octubre de 2019, disponible en: https://www.gob.mx/presidencia/articulos/version-estenografica-de-la-conferencia-de-prensa-matutina-lunes-14-de-octubre-2019.
7 Como se mencionó en la introducción, los remitentes son los “enlaces del Grupo CANDADO”, entre ellos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Sedena, Secretaría de Marina (Semar) y la Procuraduría General de la República (PGR), ahora Fiscalía General de la República (FGR)
8 Esta información se obtuvo de un correo filtrado por el colectivo Guacamaya en respuesta al Oficio No.GN/UOEC/4026/2020 del 18 de noviembre de 2020 de la Sedena dirigido a la Guardia Nacional, referente a la participación de personal de esa dependencia en la 11a sesión ordinaria del Grupo CANDADOS. Además del Grupo CANDADO, existe un grupo denominado CANDADOS (Grupo de Contacto de Alto Nivel para la Atención de la Delincuencia Organizada en su vertiente de Secuestro) que tiene el objetivo de generar un registro e integrar una base de datos confiable y segura en materia de Privación Ilegal de la Libertad en México, que permita medir la evolución y el impacto del delito en el territorio nacional.
9 En la filtración de información por parte del colectivo Guacamaya se encontraron las minutas sobre las sesiones, que durante la pandemia se realizaron de manera virtual, en las que participó el CENAPI y los enlaces del Grupo CANDADO para validar y consolidar las cifras de los eventos y homicidios presuntamente vinculados a la delincuencia organizada. Una de las minutas encontradas es la siguiente: https://media.datacivica.org/pdf/Minuta-grupo-CANDADO.pdf.
10 Pensamos que el proceso es así basándonos en un documento que se publicó en el portal de Presidencia en 2011 y que posteriormente fue eliminado. El documento se titulaba “Metodología de la Base de datos de fallecimientos ocurridos por presunta rivalidad delincuencial”. Más adelante vamos a explicar por qué pensamos que la Base Sexenal del Grupo CANDADO es la misma que la “Base de datos de fallecimientos ocurridos por presunta rivalidad delincuencial”, pero para otro periodo y con posibles modificaciones que nos son imposibles rastrear. Encontramos el documento de “Metodología” en la siguiente solicitud de información: https://media.datacivica.org/pdf/Metodologi%CC%81a-Base-Presidencia-2011.pdf
11 “Metodología de la Base de datos de fallecimientos ocurridos por presunta rivalidad delincuencial”.
12 Encontramos dicha metodología como respuesta a la solicitud de información con folio 0001700116613 y también se puede consultar al final del documento “La 'Guerra Contra las Drogas' en México: registros (oficiales) de eventos durante el periodo de diciembre de 2006 a noviembre de 2011”.
13 La categoría se refiere solamente al involucramiento formal de las autoridades, pues la base de datos no permite identificar eventos donde miembros de las corporaciones de seguridad cooperan, se coordinan, o trabajan junto con otros actores. Las autoridades que formalmente pueden estar involucradas en los eventos violentos registrados en la base oculta pueden ser autoridades de seguridad (Ejército, Marina, Guardia Nacional, Policía ministerial, Policía federal, Policía estatal, Policía municipal) y funcionarios públicos del Gobierno federal, estatal y municipal o de la FGR antes PGR.
14 Para más información sobre la Base Presidencia revisar el primer capítulo. Esto se explora con detenimiento en Atuesta el at., op. cit.
15 Ibid.
16 Extraido de este foro en Google que mantiene artículos sobre el tema hasta el 2012: https://groups.google.com/g/frontera-list/c/8YSyXD4m_Dw/m/0YqwDN4YWL0J
17 “Guía metodológica de la Base de datos de fallecimientos ocurridos por presunta rivalidad delincuencial”, publicada en el portal de la Presidencia en enero de 2011 (www.presidencia.gob.mx/voceria_seguridad/). Ambos documentos, que se encuentran en el archivo de Laura Atuesta, Oscar S. Siordia, Alejandro Madrazo Lajous, fueron retirados del portal de la Presidencia al inicio del sexenio de Enrique Peña Nieto, por lo que ya no son consultables en línea. Esta información fue extraída de Atuesta et al., op. cit.
18 Incluso en marzo de 2023 tenemos al presidente Andrés Manuel López obrador utilizando el indicador en una mañanera del 13 de marzo. Presidencia de la República, “Versión estenográfica de la conferencia de prensa matutina del 13 de marzo, 2023”, 13 de marzo de 2023. Disponible en: https://www.gob.mx/presidencia/articulos/version-estenografica-conferencia-de-prensa-del-presidente-Andrés-manuel-lopez-obrador-del-13-de-marzo-de-2023
19 Molly Molloy, “The Mexican Undead: Toward a New History of the “Drug War” Killing Fields”, Small Wars Jounals, 21 de agosto del 2013. Disponible en: https://smallwarsjournal.com/jrnl/art/the-mexican-undead-toward-a-new-history-of-the-%e2%80%9cdrug-war%e2%80%9d-killing-fields
20 Se clasifica como una narcoejecucion por parte del Reforma a un incidente que tenga una combinación de los siguientes factores: ⁃ Uso de armas de alto calibre o automáticas que se tienden a usar por grupos del crimen organizado ⁃ Tiroteos similares a ejecuciones o a tiroteos masivos; ⁃ Decapitación o desmembramiento del cadáver; ⁃ Marcas indicativas, mensajes escritos o configuraciones inusuales del cuerpo: ⁃ La indicación por parte de reportes oficiales de que hubo involucramiento del crimen organizado.
21 Cory Molzahn et. al., “Drug Violence in Mexico Data and Analysis Through 2011”, Trans-Border Institute, marzo del 2012. Disponible en: https://justiceinmexico.files.wordpress.com/2010/07/2012-tbi-drugviolence.pdf.
22 Desde el sector privado Lantia Consultores, sin publicar su metodología, genera un indicador de “Víctimas Anuales del Crimen Organizado” desde el 2007. Otras organizaciones como Semáforo Delictivo y algunos gobiernos locales utilizan este indicador para monitorear la actividad de la delincuencia organizada. Por la información que encontramos en un semáforo publicado en la entidad de Hidalgo haciendo referencia a Lantia Consultores como fuente presumimos que su metodología se basa en “recoger eventos con una metodología propia y se refiere a ejecuciones de crimen organizado que pueden estar vinculadas a diferentes delitos y motivos”.
23 Cabe destacar que por la falta de información pública no tenemos claro si el número de víctimas se refiere a personas asesinadas o a víctimas por otros delitos.
24 Presidencia de la República, “Versión estenográfica. Conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador del 13 de marzo de 2023”, 13 de marzo de 2023. Disponible en: https://www.gob.mx/presidencia/articulos/version-estenografica-conferencia-de-prensa-del-presidente-Andrés-manuel-lopez-obrador-del-13-de-marzo-de-2023
25 Para una descripción más detallada de lo que sabemos y no sabemos de la base oculta así como de lo que entendemos por cada una de las modalidades que categorizan los eventos sistematizados en la base ver el Capítulo 1.
26 Adicionalmente contamos con la "Guía metodológica de la Base de datos de fallecimientos ocurridos por presunta rivalidad delincuencial" que pudimos recuperar gracias al informe: Atuesta et al., op. cit. Esta guía metodológica cuenta con una clasificación ligeramente distinta: ejecuciones, agresiones contra la autoridad y enfrentamientos.
27 Presidencia de la República, “Versión estenográfica. Conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador del 13 de marzo de 2023”, 13 de marzo de 2023. Disponible en: https://www.gob.mx/presidencia/articulos/version-estenografica-conferencia-de-prensa-del-presidente-Andrés-manuel-lopez-obrador-del-13-de-marzo-de-2023.
28 “¿Quiénes son los asesinados extrajudicialmente en Nuevo Laredo?”, La Silla Rota, 13 de septiembre del 2019. Disponible en: https://lasillarota.com/estados/2019/9/13/quienes-son-los-asesinados-extrajudicialmente-en-nuevo-laredo-198917.html SUN, “Denuncian ejecución extraoficial de ocho personas en Tamaulipas”, Informador.mx, 11 de septiembre de 2019. Disponible en: https://www.informador.mx/mexico/Denuncian-ejecucion-extraoficial-de-ocho-personas-en-Tamaulipas-20190911-0128.html; Alberto Pradilla, “Cabeza de Vaca ordenó el operativo que derivó en la masacre de Valles de Anáhuac, Nuevo Laredo, en 2019”, Yahoo news, 25 de octubre de 2021.Disponible en: https://es-us.noticias.yahoo.com/cabeza-vaca-orden%C3%B3-operativo-deriv%C3%B3-123950689.htmlhttp://informativonoreste.com/2019/09/12/la-verdadera-masacre-en-valles-de-anahuac/.
29 Intersecta preguntó a la Sedena, en una solicitud de acceso a la información pública, qué pruebas tenía de que los eventos que clasifica como “agresiones” eran “agresiones” según la definición de la misma Sedena (sucesos en los que el “personal militar se vio compelido a utilizar su armamento de cargo para repeler una agresión real, actual e inminente, sin derecho, que ponía o podría poner en peligro la vida o integridad física de personas ajenas o de uno de ellos”). La Sedena respondió, simplemente, que la “información sobre agresiones a personal militar con que se cuenta es únicamente estadística”. Estefanía Vela Barba, “De Nuevo Laredo a Mazapa de Madero: el índice de letalidad de la Sedena crece”, Animal Político: Blog de Intersecta, 6 de abril de 2021; Respuesta de la SEDENA a una solicitud de acceso a la información pública con folio número 0000700239420.
30 Para un análisis más profundo del reporte por parte de la autoridad véase el Capítulo 3
31 En el libro Votos, drogas y violencia. La lógica política de las guerras criminales en México Sandra Ley y Guillermo Trejo nos invitan a pensar en la delincuencia organizada como estructuras de red, donde confluyen grupos criminales, pero también agentes estatales de las Fuerzas Armadas, de las policías estatales y federales, de las policías municipales, etc. A través del concepto “gobernanza criminal” , los autores explican las dinámicas en las que grupos criminales se infiltran en el Estado. Sandra Ley y Guillermo Trejo, Votos, drogas y violencia. La lógica política de las guerras criminales en México, México, Debate, 2021.
32 Las clasificaciones que incluye son las siguientes: vivienda particular, vivienda colectiva, escuela u oficina pública, áreas deportivas, calle o carretera (vía pública), área comercial o de servicios, área industrial (taller, fábrica u obra), granja (rancho o parcela), otros y se ignora el lugar.
33 Intersecta, “Las Dos Guerras”, México, 2022. Disponible en: https://www.intersecta.org/wp-content/uploads/2022/10/Intersecta-Las-dos-guerras.pdf.
34 Data Cívica, “Claves para entender y prevenir los asesinatos de mujeres en México”, México, 2019. Disponible en: https://media.datacivica.org/pdf/claves-para-entender-y-prevenir-los-asesinatos-de-mujeres-en-mexico.pdf.
35 Data Cívica e Intersecta, “Datos para la vida”, México, 2022. Disponible en: https://www.intersecta.org/wp-content/uploads/2022/09/Data-Civica-e-Intersecta-Datos-para-la-vida.pdf.
36 La base como la extrajimos del correo filtrado por Guacamaya.
37 Excluyendo los meses para los que no tenemos datos de la base oculta.
38 Presidencia de la República, “Versión estenográfica. Conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador del 13 de marzo de 2023”, 13 de marzo de 2023. Disponible en: https://www.gob.mx/presidencia/articulos/version-estenografica-conferencia-de-prensa-del-presidente-Andrés-manuel-lopez-obrador-del-13-de-marzo-de-2023.
39 Consideramos que el reporte del calibre es indispensable porque es utilizado dentro de los criterios para determinar si un homicidio está vinculado a la delincuencia organizada.
40 El nombre de la persona fallecida es particularmente relevante porque se utiliza para conocer si la persona asesinada estaba previamente vinculada con el crimen organizado o si se le había registrado algún delito. Adicionalmente, se nos hizo importante por una cuestión de humanizar a las vidas perdidas en el combate.
41 Dado que la base trata la actividad delincuencial que es organizada, consideramos que conocer el grupo delictivo involucrado con cualquier evento sería un criterio indispensable para saber si éste es delincuencia organizada y también para poder reconocer al enemigo en el combate.
42 Consideramos que hubo seguimiento legal cuando se registró alguna de las siguientes características vinculadas al evento: número de acta circunstanciada, número de averiguación previa, número de carpeta de investigación abierta, fecha de inicio de la averiguación, fecha de inicio de la carpeta de investigación, fecha de la última determinación del ministerio público en la averiguación previa, fecha de la resolución del juez posterior a la consignación, fecha en que se dictó la sentencia o fecha de la ejecución de la sentencia.
43 Se registra “presencia o participación de la autoridad” en eventos en los que las autoridades de seguridad participan activamente, por ejemplo, en enfrentamientos de autoridades contra algún presunto grupo de la delincuencia organizada, pero también en eventos en donde se encuentra el cuerpo de alguna autoridad de seguridad o funcionario público asesinado.
44 Para saber cómo se componen los eventos según la clasificación de “modalidad” generada por la base oculta ver el Capítulo 3.
45 Cabe recalcar que la información contenida y su formato varía en el tiempo.
46 Contamos con evidencia de que hay un Grupo CANDADOS que se encarga de la vertiente de privación ilegal de la libertad relacionada a la delincuencia organizada.
47 Nos parece importante aclarar que los presuntos delincuentes son civiles. En todo caso, el Grupo CANDADO debería buscar detectar civiles ajenos a la delincuencia organizada y civiles vinculados a la delincuencia organizada.
48 La clasificación del Estado en la base oculta nos llama la atención. ¿De qué manera ser “presunto delincuente” le quitaría a alguien la calidad de “civil”? Además: ¿no puede haber militares —o sea, no civiles—… que sean presuntos delincuentes? Por otra parte, nos parece importante reconocer que la Sedena, por ejemplo, en las bases que proporciona en respuesta a solicitudes de acceso a la información pública relacionadas con lo que llama “agresiones por enfrentamiento”, utiliza tres categorías: “militar”, “agresor” y “víctima”. Una hipótesis es que lo que en la base oculta se llama “civil”, Sedena llama “víctima” y lo que en la base oculta se llama “presunto delincuente”, Sedena llama “agresor”. Bajo la lógica estigmatizante de la guerra, la clasificación de la Sedena tiene más sentido. Aunque, nos parece importante señalar que, cuando se le preguntó a la Sedena qué evidencia tenía de que las personas fueran “víctimas” o “agresores”, fue incapaz de proporcionar información. Estefanía Vela Barba, “De Nuevo Laredo a Mazapa de Madero: índice de letalidad de la SEDENA crece”, Animal Político: Blog de Intersecta, 6 de abril de 2023.
49 Comisión Nacional de Derechos Humanos, “RECOMENDACIÓN No.90/2021”, 24 de noviembre de 2021. Disponible en: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2021-12/REC_2021_090.pdf
50 Amnistía Internacional, “Las ejecuciones en Nuevo Laredo deben ser un parteaguas para frenar las violaciones de derechos humanos en México”, 28 de agosto del 2020. Disponible en: https://www.amnesty.org/es/latest/news/2020/08/las-ejecuciones-en-nuevo-laredo-deben-ser-un-parteaguas/
51 Íñigo Arredondo, ““Está vivo… mátalo”; militares ordenan asesinar a civil”, El Universal, 24 de agosto del 2020. Disponible en: https://www.eluniversal.com.mx/nacion/esta-vivo-matalo-militares-ordenan-asesinar-civil/.
52 Raymnudo Ramos y Duncan Tucker, “Los abusos de las Fuerzas Armadas en México”, El País, 28 de agosto del 2020. Disponible en: https://elpais.com/mexico/opinion/2020-08-28/los-abusos-de-las-fuerzas-armadas-en-mexico.html.