[Inica el texto tachado] El enfrentamiento. [Acaba el texto tachado]. La masacre.
El viernes 6 de septiembre de 2019, a las 4:03 de la madrugada, el secretario Luis Cresencio Sandoval recibió en su correo electrónico oficial, como cada mañana, el “resumen de novedades” del día anterior. En un archivo adjunto, llamado “resumen de eventos relevantes”, se detallaban siete eventos del jueves 5.
Uno de ellos reportaba una agresión a policías estatales de Tamaulipas en la colonia Valles de Anáhuac, de Nuevo Laredo. El saldo eran 21 agentes “sin novedad”, es decir, ilesos, y 9 personas muertas.
El reporte oficial ahondaba en que los civiles viajaban en una camioneta Toyota Tundra negra y desde ahí dispararon a los policías del Centro de Análisis, Inteligencia y Estudios de Tamaulipas (CAIET) que iban haciendo un recorrido de seguridad y vigilancia.
Al final, había seis hombres y tres mujeres muertas, que según el reporte vestían uniformes de tipo militar y chalecos con la leyenda “Cártel del Noreste”.
Los agentes “repelieron la agresión”, es decir, dispararon de vuelta, y empezaron una persecución contra la camioneta.
Los policías dijeron haber asegurado: 15 armas largas, una corta, un paquete de marihuana, otros chalecos y cascos, además de que la camioneta tenía reporte de robo y había sido equipada con blindaje artesanal.
El reporte militar solo indica que se ordenó al Comandante del 16 Regimiento de Nuevo Laredo trasladarse al lugar para apoyar a las autoridades civiles y recabar mayor información.
Ese detallado reporte no es exactamente el mismo que quedó asentado después en la base de datos de homicidios relacionados con crimen organizado que tiene la Sedena. Ahí, la versión varió un poco en que la agresión no provino desde una sola camioneta, sino varias, y desde una vivienda.
El número de personas muertas bajó de nueve a ocho; solo se anotó el nombre de cinco de ellas (aunque de una confundió el género), pero no se rellenaron las columnas sobre sus edades, ocupaciones u otros datos de identificación.
Lo que sí quedó asentado fue que presuntamente pertenecían al Cártel del Noroeste (CDN), que murieron por impactos de arma de fuego y que la modalidad de lo que ocurrió fue “agresión por enfrentamiento”.
Hasta ahí quedó la información oficial. Y al día siguiente, en los medios se publicó que habían muerto ocho sicarios de un grupo específico del Cártel, denominado “la Tropa del Infierno”.
Pero fue cuestión de días para que la noticia cambiara: el 10 de septiembre, la asociación civil Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo denunció públicamente que aquello no había sido un enfrentamiento, sino una masacre, y que había miembros del Ejército en los alrededores.
Presentó fotografías de los cuerpos, que en realidad habían sufrido ejecuciones extrajudiciales con disparos en la cabeza y el pecho en otras casas.
Luego fueron acomodados en un montaje, que incluyó mover la camioneta involucrada con una grúa y poner un cuerpo con un arma larga, como si fuera quien la iba conduciendo. Los uniformes que traían puestos y fueron reportados en los informes oficiales estaban limpios y en algunos casos les quedaban demasiado grandes o traían los zapatos al revés. Además, no había impactos de bala en los alrededores de la casa donde supuestamente había sido el enfrentamiento.
En ese lugar vivía Severiano Treviño, de 34 años, con su hija y su bebé. La hija declaró que más de 20 policías entraron de forma violenta, empezaron a gritarle a su papá que sacara las armas, pero él les decía que trabajaba en una empresa de refrescos; al final lo obligaron a ponerse el traje militar y luego lo mataron.
Otros jóvenes fueron sacados de viviendas en las colonias Buenavista y Buenos Aires, con los mismos gritos de que entregaran armas que no tenían.
Eran Wilbert Irrastreto Pérez, de 20 años; Luis Fernando Hernández Viesca, de 19; Enrique Pérez Chávez, de 20; José Daniel Saucedo Hernández, de 19; Jennifer Hazel Romero López, de 21; Cindy Esmeralda Briseño Chapa, de 39; a quien la base de datos puso el alias de “Güera”, y una trabajadora sexual llamada Juana Yetzel Graciano Magaña, de 20 años, que en la base de datos oficial aparece como Juan.
Ante lo contundente de las pruebas, la Procuraduría General de Justicia (PGJ) de Tamaulipas las incluyó en la carpeta de investigación abierta por el caso, la 406/2019. En el expediente existe un informe de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), según se dio a conocer dos años después en medios, que señala que se había tratado de un operativo más amplio iniciado un mes antes, en el que el Ejército apoyó a la Policía estatal. Después de un par de agresiones de la Tropa del Infierno, fue que se planeó el operativo que terminó en la masacre de la colonia Valles de Anáhuac, y quien lo ordenó directamente fue el entonces gobernador, Francisco García Cabeza de Vaca, según ese reporte.
Pero finalmente, no hubo ninguna acusación formal contra él ni contra ningún militar.
Solo siete policías del después extinto CAIET fueron acusados de homicidio calificado, abuso de autoridad y falsedad en informes dados a una autoridad y allanamiento de morada. A octubre de 2021, dos estaban prófugos, tres quedaron libres como testigos protegidos y únicamente dos estaban presos. El 13 de agosto de 2022, casi tres años después, la Policía Estatal ofreció una disculpa pública por esa masacre.
Y nada más.
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Reporte oficial
El reporte oficial ahondaba en que los civiles viajaban en una camioneta Toyota Tundra negra y desde ahí dispararon a los policías del Centro de Análisis, Inteligencia y Estudios de Tamaulipas (CAIET) que iban haciendo un recorrido de seguridad y vigilancia.
Al final, había seis hombres y tres mujeres muertas, que según el reporte vestían uniformes de tipo militar y chalecos con la leyenda “Cártel del Noreste”.
Los agentes “repelieron la agresión”, es decir, dispararon de vuelta, y empezaron una persecución contra la camioneta.
Los policías dijeron haber asegurado: 15 armas largas, una corta, un paquete de marihuana, otros chalecos y cascos, además de que la camioneta tenía reporte de robo y había sido equipada con blindaje artesanal.
El reporte militar solo indica que se ordenó al Comandante del 16 Regimiento de Nuevo Laredo trasladarse al lugar para apoyar a las autoridades civiles y recabar mayor información.
Base oculta
Reporte oficial
El reporte oficial ahondaba en que los civiles viajaban en una camioneta Toyota Tundra negra y desde ahí dispararon a los policías del Centro de Análisis, Inteligencia y Estudios de Tamaulipas (CAIET) que iban haciendo un recorrido de seguridad y vigilancia.
Al final, había seis hombres y tres mujeres muertas, que según el reporte vestían uniformes de tipo militar y chalecos con la leyenda “Cártel del Noreste”.
Base oculta
Ese detallado reporte no es exactamente el mismo que quedó asentado después en la base de datos de homicidios relacionados con crimen organizado que tiene la Sedena. Ahí, la versión varió un poco en que la agresión no provino desde una sola camioneta, sino varias, y desde una vivienda.
El número de personas muertas bajó de nueve a ocho;
solo se anotó el nombre de cinco de ellas (aunque de una confundió el género), pero no se rellenaron las columnas sobre sus edades, ocupaciones u otros datos de identificación.
Los agentes “repelieron la agresión”, es decir, dispararon de vuelta, y empezaron una persecución contra la camioneta.
Base oculta
Lo que sí quedó asentado fue que presuntamente pertenecían al Cártel del Noroeste (CDN), que murieron por impactos de arma de fuego y que la modalidad de lo que ocurrió fue “agresión por enfrentamiento”
Los policías dijeron haber asegurado: 15 armas largas, una corta, un paquete de marihuana, otros chalecos y cascos, además de que la camioneta tenía reporte de robo y había sido equipada con blindaje artesanal.
El reporte militar solo indica que se ordenó al Comandante del 16 Regimiento de Nuevo Laredo trasladarse al lugar para apoyar a las autoridades civiles y recabar mayor información.
Base oculta
Hasta ahí quedó la información oficial. Y al día siguiente, en los medios se publicó que habían muerto ocho sicarios de un grupo específico del Cártel, denominado “la Tropa del Infierno”.
Base oculta
Ese detallado reporte no es exactamente el mismo que quedó asentado después en la base de datos de homicidios relacionados con crimen organizado que tiene la Sedena. Ahí, la versión varió un poco en que la agresión no provino desde una sola camioneta, sino varias, y desde una vivienda.
Versión de las víctimas
Pero fue cuestión de días para que la noticia cambiara:
El número de personas muertas bajó de nueve a ocho;
solo se anotó el nombre de cinco de ellas (aunque de una confundió el género), pero no se rellenaron las columnas sobre sus edades, ocupaciones u otros datos de identificación.
Versión de las víctimas
el 10 de septiembre, la asociación civil Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo denunció públicamente que aquello
Lo que sí quedó asentado fue que presuntamente pertenecían al Cártel del Noroeste (CDN), que murieron por impactos de arma de fuego y que la modalidad de lo que ocurrió fue “agresión por enfrentamiento”
Versión de las víctimas
no había sido un enfrentamiento, sino una masacre, y que había miembros del Ejército en los alrededores.
Hasta ahí quedó la información oficial. Y al día siguiente, en los medios se publicó que habían muerto ocho sicarios de un grupo específico del Cártel, denominado “la Tropa del Infierno”.
Versión de las víctimas
Presentó fotografías de los cuerpos, que en realidad habían sufrido ejecuciones extrajudiciales con disparos en la cabeza y el pecho en otras casas.
Versión de las víctimas
Luego fueron acomodados en unmontaje, que incluyó mover la camioneta involucrada con una grúa y poner un cuerpo con un arma larga, como si fuera quien la iba conduciendo. Los uniformes que traían puestos y fueron reportados en los informes oficiales estaban limpios y en algunos casos les quedaban demasiado grandes o traían los zapatos al revés. Además, no había impactos de bala en los alrededores de la casa donde supuestamente había sido el enfrentamiento.
Versión de las víctimas
En ese lugar vivía Severiano Treviño, de 34 años, con su hija y su bebé. La hija declaró que más de 20 policías entraron de forma violenta, empezaron a gritarle a su papá que sacara las armas, pero él les decía que trabajaba en una empresa de refrescos; al final lo obligaron a ponerse el traje militar y luego lo mataron.
Otros jóvenes fueron sacados de viviendas en las colonias Buenavista y Buenos Aires, con los mismos gritos de que entregaran armas que no tenían.
Eran Wilbert Irrastreto Pérez, de 20 años; Luis Fernando Hernández Viesca, de 19; Enrique Pérez Chávez, de 20; José Daniel Saucedo Hernández, de 19; Jennifer Hazel Romero López, de 21; Cindy Esmeralda Briseño Chapa, de 39; a quien la base de datos puso el alias de “Güera”, y una trabajadora sexual llamada Juana Yetzel Graciano Magaña, de 20 años, que en la base de datos oficial aparece como Juan.
Versión de las víctimas
Ante lo contundente de las pruebas, la Procuraduría General de Justicia (PGJ) de Tamaulipas las incluyó en la carpeta de investigación abierta por el caso, la 406/2019. En el expediente existe un informe de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), según se dio a conocer dos años después en medios, que señala que se había tratado de un operativo más amplio iniciado un mes antes, en el que el Ejército apoyó a la Policía estatal. Después de un par de agresiones de la Tropa del Infierno, fue que se planeó el operativo que terminó en la masacre de la colonia Valles de Anáhuac, y quien lo ordenó directamente fue el entonces gobernador, Francisco García Cabeza de Vaca, según ese reporte.
Pero finalmente, no hubo ninguna acusación formal contra él ni contra ningún militar.
Solo siete policías del después extinto CAIET fueron acusados de homicidio calificado, abuso de autoridad y falsedad en informes dados a una autoridad y allanamiento de morada. A octubre de 2021, dos estaban prófugos, tres quedaron libres como testigos protegidos y únicamente dos estaban presos.El 13 de agosto de 2022, casi tres años después, la Policía Estatal ofreció una disculpa pública por esa masacre.
Y nada más.
El reporte oficial ahondaba en que los civiles viajaban en una camioneta Toyota Tundra negra y desde ahí dispararon a los policías del Centro de Análisis, Inteligencia y Estudios de Tamaulipas (CAIET) que iban haciendo un recorrido de seguridad y vigilancia.
Al final, había seis hombres y tres mujeres muertas, que según el reporte vestían uniformes de tipo militar y chalecos con la leyenda “Cártel del Noreste”.
Los agentes “repelieron la agresión”, es decir, dispararon de vuelta, y empezaron una persecución contra la camioneta.
Los policías dijeron haber asegurado: 15 armas largas, una corta, un paquete de marihuana, otros chalecos y cascos, además de que la camioneta tenía reporte de robo y había sido equipada con blindaje artesanal.
El reporte militar solo indica que se ordenó al Comandante del 16 Regimiento de Nuevo Laredo trasladarse al lugar para apoyar a las autoridades civiles y recabar mayor información.
El reporte oficial ahondaba en que los civiles viajaban en una camioneta Toyota Tundra negra y desde ahí dispararon a los policías del Centro de Análisis, Inteligencia y Estudios de Tamaulipas (CAIET) que iban haciendo un recorrido de seguridad y vigilancia.
Al final, había seis hombres y tres mujeres muertas, que según el reporte vestían uniformes de tipo militar y chalecos con la leyenda “Cártel del Noreste”.
Los agentes “repelieron la agresión”, es decir, dispararon de vuelta, y empezaron una persecución contra la camioneta.
Ese detallado reporte no es exactamente el mismo que quedó asentado después en la base de datos de homicidios relacionados con crimen organizado que tiene la Sedena. Ahí, la versión varió un poco en que la agresión no provino desde una sola camioneta, sino varias, y desde una vivienda.
El número de personas muertas bajó de nueve a ocho;
solo se anotó el nombre de cinco de ellas (aunque de una confundió el género), pero no se rellenaron las columnas sobre sus edades, ocupaciones u otros datos de identificación.
Lo que sí quedó asentado fue que presuntamente pertenecían al Cártel del Noroeste (CDN), que murieron por impactos de arma de fuego y que la modalidad de lo que ocurrió fue “agresión por enfrentamiento”
Los policías dijeron haber asegurado: 15 armas largas, una corta, un paquete de marihuana, otros chalecos y cascos, además de que la camioneta tenía reporte de robo y había sido equipada con blindaje artesanal.
El reporte militar solo indica que se ordenó al Comandante del 16 Regimiento de Nuevo Laredo trasladarse al lugar para apoyar a las autoridades civiles y recabar mayor información.
Hasta ahí quedó la información oficial. Y al día siguiente, en los medios se publicó que habían muerto ocho sicarios de un grupo específico del Cártel, denominado “la Tropa del Infierno”.
Ese detallado reporte no es exactamente el mismo que quedó asentado después en la base de datos de homicidios relacionados con crimen organizado que tiene la Sedena. Ahí, la versión varió un poco en que la agresión no provino desde una sola camioneta, sino varias, y desde una vivienda.
Pero fue cuestión de días para que la noticia cambiara:
el 10 de septiembre, la asociación civil Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo denunció públicamente que aquello
El número de personas muertas bajó de nueve a ocho;
solo se anotó el nombre de cinco de ellas (aunque de una confundió el género), pero no se rellenaron las columnas sobre sus edades, ocupaciones u otros datos de identificación.
Lo que sí quedó asentado fue que presuntamente pertenecían al Cártel del Noroeste (CDN), que murieron por impactos de arma de fuego y que la modalidad de lo que ocurrió fue “agresión por enfrentamiento”
no había sido un enfrentamiento, sino una masacre, y que había miembros del Ejército en los alrededores.
Hasta ahí quedó la información oficial. Y al día siguiente, en los medios se publicó que habían muerto ocho sicarios de un grupo específico del Cártel, denominado “la Tropa del Infierno”.
Presentó fotografías de los cuerpos, que en realidad habían sufrido ejecuciones extrajudiciales con disparos en la cabeza y el pecho en otras casas.
Luego fueron acomodados en unmontaje, que incluyó mover la camioneta involucrada con una grúa y poner un cuerpo con un arma larga, como si fuera quien la iba conduciendo. Los uniformes que traían puestos y fueron reportados en los informes oficiales estaban limpios y en algunos casos les quedaban demasiado grandes o traían los zapatos al revés. Además, no había impactos de bala en los alrededores de la casa donde supuestamente había sido el enfrentamiento.
En ese lugar vivía Severiano Treviño, de 34 años, con su hija y su bebé. La hija declaró que más de 20 policías entraron de forma violenta, empezaron a gritarle a su papá que sacara las armas, pero él les decía que trabajaba en una empresa de refrescos; al final lo obligaron a ponerse el traje militar y luego lo mataron.
Otros jóvenes fueron sacados de viviendas en las colonias Buenavista y Buenos Aires, con los mismos gritos de que entregaran armas que no tenían.
Eran Wilbert Irrastreto Pérez, de 20 años; Luis Fernando Hernández Viesca, de 19; Enrique Pérez Chávez, de 20; José Daniel Saucedo Hernández, de 19; Jennifer Hazel Romero López, de 21; Cindy Esmeralda Briseño Chapa, de 39; a quien la base de datos puso el alias de “Güera”, y una trabajadora sexual llamada Juana Yetzel Graciano Magaña, de 20 años, que en la base de datos oficial aparece como Juan.
Ante lo contundente de las pruebas, la Procuraduría General de Justicia (PGJ) de Tamaulipas las incluyó en la carpeta de investigación abierta por el caso, la 406/2019. En el expediente existe un informe de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), según se dio a conocer dos años después en medios, que señala que se había tratado de un operativo más amplio iniciado un mes antes, en el que el Ejército apoyó a la Policía estatal. Después de un par de agresiones de la Tropa del Infierno, fue que se planeó el operativo que terminó en la masacre de la colonia Valles de Anáhuac, y quien lo ordenó directamente fue el entonces gobernador, Francisco García Cabeza de Vaca, según ese reporte.
Pero finalmente, no hubo ninguna acusación formal contra él ni contra ningún militar.
Solo siete policías del después extinto CAIET fueron acusados de homicidio calificado, abuso de autoridad y falsedad en informes dados a una autoridad y allanamiento de morada. A octubre de 2021, dos estaban prófugos, tres quedaron libres como testigos protegidos y únicamente dos estaban presos.El 13 de agosto de 2022, casi tres años después, la Policía Estatal ofreció una disculpa pública por esa masacre.
